El Departamento de Justicia de EU ha sacudido la política mexicana al acusar formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de vínculos con el narcotráfico. Este golpe histórico no solo exige extradiciones, sino que desata una crisis diplomática inmediata que pone a prueba la soberanía judicial de México.Este miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.La acusación contra el gobernador mexicano se presentó en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.Los otros señalados por EU, junto a Rocha Moya, son Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias "Cholo", Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito alias "Tornado", Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito".A los 10 se les acusa de "haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en Estados Unidos". El caso fue asignado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla.La Secretaría de Relaciones Exteriores informó más tarde que el 28 de abril a las 18 horas se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del Gobierno de Estados Unidos.De acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se ha turnado la información recibida a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana.En un comunicado, la SRE compartió que los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición. Sin embargo, como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición."Se informa que en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer", concluyó la SRE.Con información de SRE y SUN* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA
