El Operativo Enjambre se ha convertido en una de las principales estrategias del Gobierno federal contra las redes de protección al crimen organizado dentro de las alcaldías y corporaciones. Desde noviembre de 2024, la operación suma más de 140 detenidos entre alcaldes, mandos de seguridad, funcionarios municipales y operadores políticos en al menos cinco Estados del país. La estrategia comenzó el 22 de noviembre de 2024 en el Estado de México, donde fuerzas federales y estatales ejecutaron órdenes de aprehensión contra servidores públicos investigados por delitos como secuestro, homicidio, extorsión y delincuencia organizada. Entre los primeros detenidos estuvieron María Elena “N”, alcaldesa de Amanalco, además de directores de Seguridad Pública de municipios como Naucalpan, Ixtapaluca y Tejupilco, así como funcionarios del DIF de Tonatico. En el programa participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia, además de corporaciones estatales. El objetivo es desarticular redes de protección al crimen organizado dentro de gobiernos municipales y policías locales. Las investigaciones señalan a funcionarios que apoyan a grupos criminales con filtración de información, protección armada, control territorial y extorsiones a empresarios, comerciantes y productores. Las autoridades han relacionado a varios de los detenidos con organizaciones criminales como La Familia Michoacana, el Cártel Nueva Generación, La Unión Tepito, Anti-Unión Tepito y el grupo denominado Nuevo Imperio. Con el avance de la estrategia, las detenciones se extendieron fuera del Estado de México. En febrero fue detenido Diego Rivera Navarro, ex alcalde de Tequila, Jalisco, junto con ex funcionarios de su administración. Es investigado por delincuencia organizada, secuestro agravado, extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Nueva Generación. Está recluido en el penal del Altiplano. Los casos más recientes ocurrieron en Morelos, donde el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció la reactivación del Operativo Enjambre. Ahí fueron detenidos Agustín Toledano, alcalde de Atlatlahucan, Irving Sánchez, ex alcalde de Yecapixtla, así como funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, investigados por presuntas redes de corrupción y extorsión. La estrategia ha sido comparada con el “Michoacanazo” del gobierno de Felipe Calderón, operativo que llevó a la detención de más de 30 alcaldes y funcionarios presuntamente ligados a La Familia Michoacana. Sin embargo, la mayoría de los casos se cayó después por falta de pruebas e irregularidades procesales. A diferencia de aquella operación, el Gobierno federal asegura que el Operativo Enjambre se basa en inteligencia financiera, análisis telefónicos, cateos y despliegues simultáneos para evitar filtraciones. Además, la estrategia se amplió a varios Estados e incluye investigaciones contra distintos grupos criminales. El operativo ha generado una percepción positiva entre la ciudadanía, al evidenciar acciones directas contra redes de corrupción y crimen organizado en Gobiernos municipales. Hasta ahora, 20 ex funcionarios del Estado de México han recibido condenas relacionadas con delincuencia organizada y otros delitos.
