volvió a exhibir esta semana la profundidad de la crisis de violencia que arrastra desde finales de 2024. En hechos distintos, pero conectados por el mismo hilo de impunidad, dos diputados locales fueron atacados a balazos en Culiacán y 10 ingenieros de una empresa minera fueron privados de la libertad en el Sur del Estado.El primer ataque armado ocurrió en pleno centro de la capital sinaloense, donde los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres y Elizabeth Montoya, fueron agredidos por hombres armados. Ambos resultaron heridos, al igual que uno de sus escoltas que intentó repeler la agresión. Torres permanece en estado grave, mientras que Montoya se reporta fuera de peligro, aunque con intervenciones quirúrgicas pendientes. El atentado provocó un operativo de búsqueda por parte de fuerzas estatales y federales, que permitió ubicar un vehículo presuntamente relacionado con el ataque, aunque hasta ahora no se reportan detenciones.La agresión contra los legisladores encendió alertas a nivel nacional. El gobernador Rubén Rocha Moya condenó los hechos y aseguró coordinación con el Gobierno federal, mientras que dirigentes de Movimiento Ciudadano advirtieron que la violencia en Sinaloa ha cruzado límites inadmisibles. El caso se suma a una larga lista de ataques contra actores políticos en el país, en un contexto donde la disputa criminal ha convertido a la Entidad en uno de los focos rojos de seguridad.Por su parte, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México confirmó la privación ilegal de la libertad de 10 ingenieros que laboran para la minera canadiense Vizsla Silver, en el municipio de Concordia. Un comando armado irrumpió en el lugar donde se hospedaban los trabajadores y se los llevó sin que hasta ahora se conozca su paradero. El gremio exigió una respuesta inmediata de las autoridades para garantizar su regreso con vida. Ambos hechos se inscriben en un escenario de violencia sostenida que se desató en septiembre de 2024, tras la ruptura interna del Cártel de Sinaloa entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos”, luego de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada. Desde entonces, la Entidad ha acumulado más de mil 800 homicidios y más de dos mil 400 desapariciones, de acuerdo con organizaciones civiles.Pese al despliegue de más de dos mil 500 elementos federales en los últimos meses, la violencia no ha cedido. Ataques a policías, persecuciones, balaceras en zonas urbanas y ahora atentados contra políticos y secuestros de personal especializado evidencian que Sinaloa atraviesa una crisis estructural de seguridad. Por eso se han incrementado las manifestaciones que exigen la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya, al acusarlo de incapacidad para contener la violencia que azota a Sinaloa. CT
