En México, el consenso está sobrevalorado. Los políticos se llenan la boca de esa mágica palabra. Es una reminiscencia del viejo régimen: el consenso es lo deseable y el disenso es lo sospechoso (cuando lo natural es que fuera a la inversa). En la narrativa oficialista, quien disiente siempre tiene un interés inconfesable. Y es que durante décadas, el partidazo manchó a sindicatos rupturistas, a periodistas que hacían honestamente su labor y a activistas que se oponían a las decisiones autoritarias. Eso se tradujo en un bajo aprecio social al opositor y un señalamiento permanente al disidente. No es sorpresa que muchas veces se piense en quien protesta como vago, revoltoso o vividor. Hay quien cree que la democracia es el consenso. Nada más erróneo que eso. Se confunde política y comunicación, con democracia. El sistema democrático nace para proteger el disenso. Su idea fundacional es que somos diferentes, distintos, heterogéneos y debemos resolver civilizadamente nuestras discrepancias. Por ello, la democracia se finca en la división de poderes, la libertad de expresión, el multipartidismo, los derechos humanos. La democracia protege al disidente y, si bien, las decisiones se toman por mayoría, dichas decisiones no pueden contravenir los derechos fundamentales y las garantías colectivas de las minorías. Es la maravilla de la democracia: no nos impone ningún principio y ninguna convicción. Sólo el respeto al pacto social, a los derechos políticos de todos y al cambio pacífico de poderes.El disenso no proviene únicamente de la oposición partidista. Esa es la visión tradicional. Medir la fortaleza del disenso por el músculo que los partidos opositores tienen en las cámaras es limitado. En realidad, la fuerza del disenso en una democracia depende de múltiples factores y no sólo el partidista: la independencia de los medios de comunicación y los periodistas, el tejido empresarial, el asociacionismo social, la autonomía de las universidades, la fortaleza del Estado de Derecho y un larguísimo etcétera. Solemos prestar mucha atención a la salud de los contrapesos institucionales, pero muy poca a la protección social y el empuje del disenso. Las alternancias que se viven en Jalisco y a nivel nacional no dieron un respiro a este cuestionamiento del papel del disenso. Tanto Andrés Manuel López Obrador como Enrique Alfaro no toman la crítica de la mejor manera. En lugar de entender el papel del disenso, los calificativos llueven por doquier. López Obrador llama conservadores, fifís y neoliberales a todo aquél que discrepa de la línea oficial. El Presidente sospecha de la sociedad civil y los califica como marionetas de los poderes fácticos empresariales. Todo quien critica sus políticas públicas o posicionamientos, de acuerdo a la visión del Jefe del Ejecutivo, es sospechoso de los intereses más inconfesables. No importa si es la Coparmex, el Colectivo Seguridad Sin Guerra o el diario Reforma. Los fifís son ese caparazón que busca la supervivencia del sistema y el estatus quo. Más que lucha de clases, es llevarnos permanentemente a los debates decimonónicos.Enrique Alfaro también lo hace. Cuando se discutió la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) cargó contra las organizaciones feministas y sociales. Se deslizó en la opinión pública que las activistas tenían sus intereses y que sus quejas no eran legítimas. Lo mismo pasa con algunos medios de comunicación. El gobernador trasciende el válido derecho de réplica, que debe respetarse a todos los gobernantes, y califica como “periodiquito” o “basura” a los periódicos que no le gustan. En democracia, el gobernante puede expresar su opinión sobre el trabajo del periodista -eso no es problema- el asunto es que la descalificación invisibiliza la rendición de cuentas. El gobernante tiene el derecho de dar su opinión sobre el periodismo, pero nunca eludiendo responder por notas que ponen en tela de juicio la forma en que se ejerce el poder.La intolerancia al disenso no significa que la libertad de expresión esté en riesgo. Estas son dos dimensiones del debate que suelen confundirse. Qué Alfaro llame a NTR “periodiquito” o qué López Obrador catalogue a Reforma de “prensa fifí” no supone erosión de la libertad de expresión. Tampoco qué Donald Trump se meta con el The New York Times en Estados Unidos o qué Pablo Iglesias en España diga que los dueños medios de comunicación tienen intereses económicos y buscan utilizar su cobertura para favorecer dichas aspiraciones. El gobernante debe respetar el disenso por ser connatural a la democracia, pero las descalificaciones no ponen en riesgo la libertad de expresión.Lo que atenta contra la libertad de expresión es la vieja táctica priista de reconocer al periodista en público, pero presionar por su silencio detrás de bambalinas. Utilizar la chequera del Gobierno para sacar del aire a comunicadores críticos y premiar a los leales al régimen. Me sorprende que algunos vean a Felipe Calderón o a Enrique Peña Nieto como respetuosos de la libertad de expresión y obvien que durante su sexenio, periodistas críticos perdieron su trabajo por meterse con el Presidente. ¿Ya se nos olvidó la suerte de los periodistas que investigaron la Casa Blanca, Daniel Lizárraga e Irving Huerta? ¿Se nos olvidó las intempestivas salidas del aire de Aristegui -en par de ocasiones- y Ferriz de Con?A veces parece que preocupa más la palabra fifí que la maquinaria que puso el PRI a funcionar para silenciar a los medios de comunicación que disentían. Recordemos, los gobiernos priistas, tanto en Jalisco como a nivel nacional, fueron acusados de comprar software especializado para espiar periodistas, defensores de Derechos Humanos y empresarios. Eso sí atenta gravemente contra la libertad de expresión.Considero que en México debemos normalizar el debate abierto entre medios de comunicación y periodistas, por un lado, y gobernantes, por el otro. Eso no significa justificar insultos. Pero sí simboliza pasar de un régimen en donde la relación entre el poder y la prensa se planchaba en lo oscurito, en el palacio, a una democracia deliberativa en donde la prensa publica lo que cree oportuno y el gobernante, sea estatal o nacional, opina con apertura sobre el ejercicio periodístico. Esto me parece más democrático que algunas simulaciones del pasado.La principal protección del disenso tiene una raigambre social. ¿Qué tanto aprecio tenemos por aquellos espacios que sirven para disentir de las verdades oficiales? ¿Qué tanto apoyamos periódicos críticos a través de las suscripciones? ¿Qué tanto apoyamos organizaciones sociales con nuestro tiempo o apoyo económico? ¿Qué tanto el empresariado se involucra en acciones sociales que trascienden el estado financiero de las empresas? ¿Qué tanto podemos decir que tenemos universidades que se arriesgan a poner su materia gris al servicio de los ciudadanos? ¿Podemos decir que comprendemos la importancia de la protesta en una democracia? ¿Qué tanto nos politizamos desde la familia para asumir retos colectivos? No creo que la libertad de expresión esté en riesgo, ni en Jalisco ni en México. Siempre y cuando, la sociedad abrace y proteja los espacios de disenso.
