En 122 municipios -de los 212 existentes en Veracruz- se detectó un desvío de recursos públicos durante el 2016, el cual representa un presunto daño patrimonial por un monto de 718 millones 497 mil pesos.De acuerdo con el informe del Resultado de la Fase de Comprobación correspondiente a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, en esos 122 municipios, se detectaron irregularidades en la actuación de servidores o ex servidores públicos por presunto daño patrimonial.En las auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) también se detectaron inconsistencias de carácter administrativo, incluidas en el correspondiente apartado de Observaciones, a las cuales se deberá dar seguimiento, implementar las medidas correctivas y preventivas que eviten su recurrencia y en su caso, sustanciar los procedimientos administrativos que correspondan.El documento -en poder de El Universal- que se encuentra en análisis en el Congreso del Estado, establece que los auditores encontraron inconsistencias que van desde anticipos a sueldos y salarios, así como de obra pública no amortizados y/o recuperados.Además de traspasos de recursos entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen; saldos de Deudores Diversos cancelados sin evidencia documental; erogaciones sin comprobación documental; erogaciones y/o donativos sin evidencia de que hayan sido recibidas por los beneficiarios.Así como erogaciones comprobadas con documentos que no cumplen con los requisitos de autenticidad; adquisiciones de bienes o servicios sin observancia a la normativa aplicable; falta de enteros de obligaciones fiscales a las instancias competentes en la materia; pago de costos elevados en obra pública; volúmenes de obra pública pagados no ejecutados.Entre los ayuntamientos con mayor daño patrimonial se encuentra Cosamaloapan, con 133.9 millones de pesos y en donde la alcaldesa Adriana Mass deberá presentar la comprobación del uso de los recursos.En el caso de Coatzacoalcos, el alcalde Joaquín Caballero enfrenta irregularidades por un presunto quebranto patrimonial por 50.9 millones de pesos.Otro Ayuntamiento observado es Cosoleacaque, con 729 mil 953.54 pesos; Catemaco con 40 millones 87 mil 014.24 pesos, y le sigue San Andrés Tuxtla con 35 millones 34 mil 730.62 pesos.En el caso del Ayuntamiento de Coxquihui, en donde el alcalde enfrenta un proceso ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto delito de evasión de presos, enfrenta un daño patrimonial de 27 millones 270 mil 203.68 pesos.Por cuanto hace a Ixhuatlán de Madero, el presunto daño asciende a 18 millones 935 mil 365.46 pesos; en Mecayapan, a 18 millones 596 mil 509.29 pesos.En contra parte, en 90 Municipios, no se detectaron irregularidades en la actuación de servidores o ex servidores públicos por presunto daño patrimonial; aunque sí se detectaron inconsistencias de carácter administrativo que deberán ser atendidas por su Contraloría Interna Municipal e informar al Orfis.En 13 Entidades Paramunicipales, no se detectaron irregularidades en la actuación de los servidores públicos, o en su caso, de ex servidores públicos por presunto daño patrimonial; aunque sí se detectaron inconsistencias.En estas Entidades, a través de los titulares de las áreas operativas se deben implementar mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de los objetivos, mejorar la Gestión Financiera, así como fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.Durante las auditorías se revisaron un total de 212 Municipios, de los cuales 146 se auditaron a través de 45 de Despachos Externos o prestadores de Servicios Profesionales habilitados y 66 por personal del Orfis bajo la modalidad de gabinete.De las Auditorías Técnicas a la Obra Pública, 125 se revisaron a través de 37 Despachos Externos o prestadores de Servicios Profesionales habilitados y 87 por personal del ORFIS. Así mismo, se realizó por parte del personal del ORFIS 1 Auditoría de Legalidad y 3 Auditorías sobre el Desempeño a Entes Municipales.
