Agentes de la Policía Federal fueron denunciados ante la Fiscalía General de Quintana Roo, por robo y abuso de autoridad, en agravio de un grupo de jóvenes, quienes a través de la aplicación de Airbnb rentaron una casa en Cancún, presuntamente para vacacionar, domicilio que fue blanco de un operativo para desmantelar una probable red de trata de personas.El operativo se realizó la noche del 2 de febrero pasado, por policías federales, presumiblemente por la denuncia de una de las jóvenes que rentaron la casa; sin embargo, ellas afirman que llegaron para vacacionar en Cancún y Riviera Maya, entre el 10 y el 26 de enero pasado.El caso obra en el expediente FGE/ QR/ BJ/ 02/ 1487/ 2018, cuya carpeta de investigación fue abierta el nueve de febrero con el número FGE/ QR/ CAN/ UAT/ 02/ 512/ 2018, por el delito de robo, en agravio de siete personas, todas mujeres, procedentes de Sinaloa, Guadalajara y Puebla.En la denuncia se incluye a un joven, nacido en Cancún, novio de una de las jóvenes, quien fue detenido la noche del operativo, a bordo de su auto, presuntamente por traer droga consigo.Hoy, cuatro de las siete jóvenes involucradas y el muchacho, acompañados por dos abogados, dieron testimonio público de lo ocurrido para exigir una disculpa pública de la Policía Federal, debido al daño moral que les provocó la difusión mediática del operativo y las imputaciones que enfrentaron.También pidieron la devolución de sus pertenencias, valuadas en más de 100 mil pesos, entre aparatos electrónicos, celulares, ropa de marca, joyería y dinero en efectivo."Queremos una disculpa pública, por la afectación a nuestra imagen", fueron algunas de las frases que enunciaron, Martha, Miriam, Alejandra, Melizza y Armando, quienes junto con Nicole y Kimberly, se asumen como víctimas de un operativo lleno de anomalías.Además, coincidieron en que temen por su seguridad y la de sus familiares, debido a que los agentes federales –quienes no se identificaron durante el operativo- tomaron fotos a sus identificaciones oficiales y saben dónde encontrarles a ellas y a sus familiares.Martha, de 21 años, quien dice dedicarse al cuidado de infantes en Sinaloa, llegó a Cancún, el 10 de enero pasado, para vacacionar en la Riviera Maya durante un mes. Rentó una habitación en una casa compartida, bajo la modalidad de Airbnb, ubicada en avenida Fonatur, en la Supermanzana 523.Ahí, conocería a Miriam, de 20 años, quien dice ser empleada de una farmacia en Guadalajara y quien vino a Cancún para celebrar su cumpleaños junto con Alejandra –de 21 años, quien dijo que cuida un molino- y a Vanessa, dedicada al hogar.Ahí coincidieron también Nicole y Kimberly; y con Melizza, de 31 años, originaria de Puebla, a quien su novio, nacido en Costa Rica, le hizo la reservación para encontrarse en Cancún. El novio volvió a su país y la joven se quedó aquí más tiempo.De acuerdo con sus declaraciones, las jóvenes entablaron amistad durante su estancia en la ciudad; se iban de compras, salían a pasear y acudían a bares y discotecas. En ese ínter, Miriam conoció a Armando, un chofer nacido en Cancún, y se hicieron novios.Según su narración, el 1 de febrero, Vanessa tuvo un desencuentro con Miriam y Alejandra, por temas de dinero. Las jóvenes dicen que al anochecer, Vanessa salió del domicilio con dirección al Aeropuerto Internacional de la ciudad, alegando que debía volver a Guadalajara. No le prestaron mucha atención.Al siguiente día, Armando pasó por el par de chicas para llevarlas a comer a un negocio ubicado en avenida Kohunlich. Melizza había salido con Nicole.Martha dice que llegó a casa y se quedó dormida. Cerca de las 20 horas, la despertó el ruido de voces. Al abrir los ojos, en su habitación había oficiales de la Policía Federal, vestidos de civil y con uniforme, quienes argumentaron que recibieron una denuncia que alertaba sobre la operación de una red de trata de personas en ese domicilio.Andrés Acero, uno de los abogados que, junto con Alberto Bermejo, representan a las agraviadas, mencionó que, presumen que Vanesa fue quien, "en un arranque de enojo", mintió para meter en problemas a las jóvenes, pues supuestamente padece "problemas de personalidad".Aquella noche, cuando Martha cuestionó al comandante al mando, sobre la orden de cateo o del juez para invadir propiedad privada y allanar la morada, el oficial a cargo respondió que "según la ley", no necesitaban de tales documentos y la acusó de ser "la madrota" del grupo, por haber nacido en Sinaloa.Además, la coaccionó para firmar y hacer firmar a las otras jóvenes, un documento en que eximía a los agentes de cualquier violación a los derechos humanos.Según su testimonio, cuando irrumpieron en su habitación, Martha estaba semidesnuda y no le permitieron vestirse en privado, sino enfrente de federales, todos varones.Mientras eso ocurría, en otra habitación, Miriam y Alejandra también eran hostigadas. Una de ellas pidió entrar al sanitario, pero le exigieron dejar la puerta abierta, argumentando un tema de "seguridad".Al mismo tiempo, Armando había sido detenido a bordo de su vehículo, afuera de la casa, por federales a quienes acusa de presuntamente haberle "sembrado" droga.Melizza, quien iba llegando al domicilio, no podía ingresar, porque la casa estaba acordonada. Cuando se identificó como inquilina, le permitieron el acceso y alcanzó a ver cómo los agentes, con guantes azules y bolsas, se llevaban sus pertenencias y las de las otras chicas.Celulares con valor de 22 mil pesos, bolsas y ropa de diseñador, trajes de baño de marca, cosméticos de lujo y dinero en efectivo. Una "perdió" 21 mil pesos y otra 30 mil, durante ese operativo, por ejemplo."Nos decían que éramos víctimas, pero nos trataban como delincuentes", narraba Martha, quien subrayó que las amenazaron con hacerlas pasar de "víctimas a victimarias", cuando ellas sólo llegaron de vacaciones.En algún momento, alguna de las jóvenes intentó salir, pero las detuvieron, remarcándoles que estaban bajo arresto domiciliario. Luego las expulsaron de la casa.El tema no quedó ahí. Caminaron hacia un Go Mart cercano a la casa y ahí se encontraron todas. Los federales las habían seguido y les tomaban fotos o hacían comentarios. Al salir de ahí tomaron un taxi y se fueron a hospedar a un hotel.Al otro día, se toparon con la nota en prensa escrita y portales de internet, sobre un espectacular operativo para desmantelar una red de trata de personas, que operaba en una casa de seguridad.En dicho operativo, se mencionó que se encontraban el comisario de la Policía Federal, Juan Manuel Ayala y la fiscal especial en Atención de Delitos contra la Mujer, Guadalupe Reyes Pinzón.Las agraviadas coincidieron en que durante el operativo no vieron, ni tuvieron contacto con ninguna policía, ni funcionaria.Siete días después, presentaron su denuncia ante la Fiscalía, con apoyo del despacho de abogados. Durante este tiempo, quien ha llevado los gastos es Melizza, cuyos padres le depositaron dinero luego de enterarse de lo ocurrido. Ella, al igual que las otras jóvenes, exige que se repare el daño moral que han sufrido y la afectación a su imagen.SA
