El senador Carlos Lomelí Bolaños exhortó, a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al titular del Poder Ejecutivo de Jalisco a suspender el incremento a las tarifas del transporte público y abrir un proceso de revisión integral y participativa que permita equilibrar la viabilidad financiera del sistema con la protección del derecho humano a la movilidad.El legislador de Morena subrayó que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Jalisco supera los 8 millones de habitantes, de los cuales 5.3 millones residen en el Área Metropolitana de Guadalajara. Tan solo en 2025, añadió, el transporte público registró 26 millones de pasajeros en sus distintas modalidades.Lomelí sostuvo que el servicio es deficiente, al señalar falta de rutas, unidades antiguas, largos tiempos de espera y condiciones de inseguridad para los usuarios. En ese contexto, criticó que los gobiernos emanados de Movimiento Ciudadano hayan impulsado incrementos tarifarios que, dijo, no corresponden a la calidad del servicio, además de justificar subsidios millonarios a empresarios transportistas.Recordó que durante la administración de Enrique Alfaro Ramírez la tarifa pasó de 7.00 a 9.50 pesos. “Lo más delicado fue que no sesionó el Comité Técnico Tarifario, consumando el hecho con supuestos acuerdos aprobados en administraciones pasadas. Alfaro no solo incrementó la tarifa a 9.50 pesos, sino que implementó una estrategia para cobrar más, para ello adquirió alcancías que usan tarjetas electrónicas o dinero en efectivo para que las y los ciudadanos paguen la tarifa del transporte”.También cuestionó al actual gobernador, Pablo Lemus Navarro, quien en su primer informe aseguró que no habría aumento al pasaje, pero el 26 de diciembre de 2025, en plenas fiestas decembrinas, se reunió el Comité Técnico Tarifario para autorizar un incremento hasta los 14.00 pesos.Un día después, añadió, se anunció un nuevo subsidio por más de mil 200 millones de pesos, que se entregaría de manera directa a los ciudadanos mediante una nueva tarjeta, aunque —advirtió— el destino final de los recursos beneficiará a los empresarios del transporte. “La tarifa es un hecho, sí o sí costará 14.00 pesos, el subsidio consiste en darle a las personas 3.00 pesos por pasaje, lo que significa que asumirán el costo directo de 11.00 pesos”, explicó, al señalar que el apoyo solo aplicará para quienes utilicen la nueva tarjeta y no para quienes paguen en efectivo.“No solo mintió a las y los jaliscienses aumentando la tarifa, sino que al estilo de los gobiernos de Movimiento Ciudadano seguirán usando el dinero público para la triangulación de moches a través de lo que dicen serán subsidios a favor de las personas”, acusó.El senador advirtió que en entidades con alta concentración urbana, como Jalisco, el costo del transporte impacta directamente en la economía familiar y en el acceso a otros derechos fundamentales, especialmente entre sectores vulnerables.“El problema público que se pretende atender consiste en que la autorización de una tarifa técnica de transporte público, sin una evaluación social integral, genera un riesgo de regresividad en el ejercicio del derecho humano a la movilidad, especialmente para personas con discapacidad, personas adultas mayores y otros grupos que enfrentan barreras económicas, sociales y administrativas para acceder al servicio”.Añadió que cuando el diseño tarifario no incorpora criterios de accesibilidad y justicia social, el transporte deja de ser un mecanismo de inclusión y se convierte en un factor de exclusión estructural. En ese sentido, lamentó que el subsidio condicionado al uso de la tarjeta electrónica “Al Estilo Jalisco”, que mantendría una tarifa base de 11 pesos para ciertos usuarios, excluya a quienes no pueden acceder o no utilizan este tipo de herramientas por razones económicas o tecnológicas.Finalmente, Lomelí recordó que el incremento está previsto para entrar en vigor el 1 de abril de 2026, lo que —dijo— abre un margen para revisar la medida.“La suspensión del incremento no implica desconocer las necesidades de sostenibilidad financiera del sistema de transporte, sino propiciar un espacio de análisis, diálogo y revisión que permita armonizar dichas necesidades con la protección efectiva de los derechos humanos y el principio de accesibilidad universal”, concluyó. YC
