El senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, solicitó a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) revisar el gasto ejercido por el Gobierno Estatal en la remodelación de la Glorieta Minerva y la Plaza Liberación, al considerar que se trata de inversiones excesivas y carentes de prioridad social.En conferencia de prensa, el también presidente del Consejo Político de Morena en Jalisco adelantó que su partido comenzará a trabajar rumbo a una solicitud de revocación de mandato en 2027 en contra del Gobernador Pablo Lemus, a quien acusó de privilegiar obras urbanas sobre rubros como salud, educación y seguridad.Lomelí recordó que, durante sus distintas etapas en el servicio público, Lemus ha destinado fuertes recursos a proyectos similares: 50 millones de pesos para la Glorieta Chapalita cuando fue alcalde de Zapopan; 210 millones para la remodelación de la Glorieta Monraz como alcalde de Guadalajara; y ahora 70 millones de pesos para la Glorieta Minerva ya como gobernador. A ello se suman 190 millones de pesos destinados a la renovación de la Plaza Liberación, Plaza Fundadores, Paseo Degollado y la plazoleta del Hospicio Cabañas.El legislador lamentó que estas obras no atiendan las verdaderas necesidades de la población y aseguró que, detrás de estos proyectos, existen intereses económicos: “Además de colocar en lo público las prioridades del gobernador, en los hechos, terminan siendo obras para los negocios", afirmó.También criticó la falta de una política pública para atender a personas en situación de calle y el contrato multianual del sistema de fotoinfracciones, el cual —dijo— compromete recursos públicos hasta el año 2030.De acuerdo con Lomelí, este esquema representará un gasto superior a 698 millones de pesos, lo que equivale a más de 10 millones de pesos mensuales, recursos que terminarán en manos de empresas privadas sin un beneficio tangible para la ciudadanía.“El gobierno ha convertido la política recaudatoria en un negocio: más cámaras para multar más y recaudar más, sin retorno social”, sostuvo.El senador reiteró que Morena mantendrá una estrategia de información permanente para concientizar a la población y avanzar en la exigencia de justicia social. “No vamos a permitir que se sigan dilapidando los recursos públicos; la revocación de mandato es una ruta que ya estamos trabajando”, puntualizó.Finalmente, denunció que el inicio de año ha estado marcado por incrementos al costo del agua, refrendos, licencias, transporte público y fotoinfracciones, medidas que —aseguró— impactan directamente en la economía de las y los jaliscienses.Por su parte, la presidenta de Morena Jalisco, Erika Pérez García, informó que el pasado 8 de enero se presentaron denuncias formales ante la Contraloría del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por presuntos actos irregulares en la implementación del Programa de Verificación Vehicular.La dirigente explicó que las denuncias señalan la existencia de una posible red de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de interés, relacionada con exfuncionarios públicos que participaron en el diseño, evaluación y adjudicación del contrato, y que posteriormente fueron contratados por la empresa beneficiada, Worldwide Environmental Products Inc.Detalló que el contrato, con una vigencia de hasta 19 años, fue otorgado a una empresa que no cumplía con los requisitos técnicos establecidos en la licitación y que carecía de la experiencia mínima requerida en el manejo del software, además de haber recibido una concesión millonaria bajo presuntos criterios de favoritismo.Pérez García también denunció el incremento de casi 75 por ciento en el costo de la prueba vehicular, que pasó de 99 a 175 pesos, medida que se justificó en la pandemia y que, afirmó, afecta principalmente a las familias de menores ingresos.Indicó que servidores públicos avalaron capacidades inexistentes y aprobaron una propuesta deficiente, para después integrarse a la nómina de la empresa beneficiada, lo que —dijo— representa una violación a los principios de legalidad, imparcialidad y honradez en el ejercicio público.La líder morenista subrayó que ninguna contingencia justifica la alteración de las normas de contratación ni la conversión de un programa ambiental en un negocio privado, por lo que exigió una investigación independiente y sin protección a funcionarios involucrados.Finalmente, informó que se solicitó la revisión inmediata del contrato, la suspensión de beneficios otorgados de manera irregular y exhortó al Congreso del Estado a conformar una comisión especial de vigilancia sobre el programa de verificación vehicular.NA
