Martes, 04 de Agosto 2026

Reforma y programa no frenan extorsión

Los esfuerzos de los Gobiernos no inciden en una reducción de este ilícito. El crimen diversificó las modalidades para afectar a la población

Por: El Informador

La extorsión mantiene bajo amenaza a ciudadanos, comerciantes, productores y empresarios. SUN/Archivo

La extorsión mantiene bajo amenaza a ciudadanos, comerciantes, productores y empresarios. SUN/Archivo

A pesar de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión y a la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, este delito continúa al alza en México y mantiene bajo amenaza a ciudadanos, comerciantes, productores y empresarios.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y junio de este año se iniciaron cinco mil 331 carpetas de investigación por extorsión, una cifra mayor al mismo periodo del 2025, cuando se registraron cuatro mil 860 denuncias.

En julio de 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó el Acuerdo Nacional contra la Extorsión para coordinar a la Federación y los estados, homologar leyes y fortalecer el combate a este delito.

En noviembre de ese año, el Congreso aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que elevó las penas de 15 a 25 años de prisión, con agravantes de hasta 42 años, y amplió las conductas sancionables.

Sin embargo, los casos de alto impacto continuaron. Uno de los más representativos fue el asesinato de Bernardo Bravo, líder de los productores de limón en Michoacán, ocurrido en octubre de 2025, después de denunciar reiteradamente el cobro de cuotas impuestas por grupos criminales al sector citrícola.

En Jalisco también se han registrado casos recientes. El 29 de julio, la Fiscalía del Estado informó la detención de cinco hombres presuntamente ligados a una red de extorsión contra representantes de mutualidades y asociaciones de Guadalajara. De acuerdo con las investigaciones, exigían pagos de 35 mil pesos a cada organización para dejarlas operar.

La extorsión ha diversificado sus modalidades. Entre las más comunes están las llamadas desde cárceles o centros clandestinos para amenazar a las víctimas. También aumentaron los llamados “montachoques”, en los que provocan accidentes de forma intencional para exigir dinero por supuestos daños o gastos médicos.

Otra modalidad es el secuestro virtual, que afecta sobre todo a jóvenes mediante llamadas que simulan una privación de la libertad para exigir dinero a sus familiares. También persiste el cobro de piso contra comerciantes, transportistas y productores en estados como Michoacán, Jalisco, Veracruz, Guerrero y Nuevo León.

La extorsión no sólo involucra al crimen organizado. También hay servidores públicos señalados por este delito, como el exalcalde de Tequila, Diego “N”, quien enfrenta un proceso por presuntamente extorsionar a comerciantes y empresarios del municipio.

Francisco Jiménez, especialista en seguridad de la Universidad de Guadalajara, advirtió que los ataques informáticos contra empresas e instituciones facilitan el robo de bases de datos, que grupos delictivos usan para realizar extorsiones telefónicas. Agregó que jóvenes reclutados por el crimen organizado operan centros de llamadas dedicados a este delito.

El especialista Rubén Ortega señaló que el principal obstáculo para combatir la extorsión es la cifra negra. Explicó que muchas víctimas no denuncian por miedo o desconfianza en las autoridades, lo que dificulta medir la magnitud del problema y frena la efectividad de las estrategias oficiales.

LA VOZ DEL EXPERTO

Amplían modalidades; persiste impunidad

Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara

El delito de extorsión continúa en aumento en México y ha diversificado sus modalidades, desde llamadas telefónicas hasta el cobro de piso, advirtieron especialistas en seguridad.

Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara, consideró que el incremento de este delito durante el primer semestre de 2026, respecto al segundo semestre de 2025, demuestra que la estrategia del Gobierno federal tiene una efectividad “poca o nula”.

Explicó que los grupos criminales han adaptado sus métodos mediante el uso de tecnología y la operación de call centersclandestinos, donde participan jóvenes reclutados con falsas ofertas de empleo.

“¿Quiénes operan los call centers? Los reclutados, los jovencitos que están reclutados, que son reclutados a través de engaños como falsas ofertas de trabajo”, afirmó.

Como ejemplo, recordó los centros telefónicos desmantelados en colonias como Santa Tere, Medrano y La Estancia, donde fueron asegurados varios jóvenes.

Añadió que el hackeo de bases de datos también facilita este delito, al permitir que los grupos criminales obtengan números telefónicos y otra información de las víctimas.

Por su parte, Rubén Ortega señaló que la principal dificultad es la impunidad y la baja denuncia. “Muchas personas ni siquiera presentan una denuncia formal cuando son extorsionados por temor, por burocracia, por la impunidad...”, dijo, al advertir que la cifra negra, estimada en 95%, impide conocer la dimensión real del problema.

TELÓN DE FONDO

Estrategia federal

La extorsión en México dejó de ser un delito aislado para convertirse en una maquinaria constante de presión, miedo y afectaciones económicas. Sus modalidades van desde llamadas telefónicas y secuestros virtuales hasta montachoques y cobro de piso, una práctica que incluso ha derivado en asesinatos.

Ante este panorama, en julio de 2025 el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión para coordinar a los tres niveles de gobierno, armonizar la legislación en las 32 entidades y fortalecer las capacidades de investigación.

La estrategia federal se sustenta en cinco ejes: persecución de oficio, armonización legal, fortalecimiento del número 089 para denuncias anónimas, consolidación de unidades especializadas y un manual nacional para estandarizar denuncias e investigaciones.

En noviembre de 2025 se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece penas de 15 a 25 años de prisión y hasta 42 años en casos agravados.

Las acciones también alcanzaron los penales, donde autoridades detectaron que 12 reclusorios concentraban el 56% de las líneas usadas para extorsionar. Además, fueron detenidos presuntos responsables como Alejandro “N”, alias “Botox”, así como el ex alcalde de Tequila, Diego “N”, y José Armando “N”, alias “Comandante Callejas”, vinculados a redes de extorsión.

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