La tarde de este viernes, el Colegio de Jalisco reunió a distintas figuras políticas, académicas y públicas para dialogar sobre los alcances y consecuencias que tiene la designación de cargos públicos basada en afinidades políticas. En el encuentro, las y los participantes reflexionaron sobre cómo estas prácticas influyen en el funcionamiento de las instituciones y en la calidad de las decisiones dentro del servicio público.En el marco de la presentación del libro “Sin cuotas ni cuates”, las intervenciones giraron en torno a la necesidad de evitar que los nombramientos respondan a lógicas de “cuotas y cuates” y, en su lugar, fortalecer procesos más transparentes, con perfiles idóneos y mecanismos que permitan a la ciudadanía observar y exigir mayor rendición de cuentas en la integración de las instituciones del Estado.En su turno, la diputada federal de Jalisco por Morena, Mery Gómez Pozos, refirió que el tema de la designación de personas funcionarias usualmente es definida no siempre en el espacio público o por elección democrática, sino que en muchas ocasiones se hace en espacios cerrados y por personajes en el uso del poder, por lo cual no siempre existe la transparencia para conocer por qué se les eligió, además de que, en muchas otras, la designación de personas funcionarias quienes no cumplen con los perfiles ocasionan que las organizaciones y dependencias operen con deficiencias.Por ello, dijo, es clave el explicar cómo se integran muchas de las instituciones claves del Estado, quién decide esos nombramientos, a través de qué mecanismo se realizan y cuáles son sus efectos, pues, cuando la sociedad cuenta con herramientas para observar, exigir y participar en los asuntos públicos desde su propio ámbito, se impulsa la vigilancia social y la deliberación informada. En este sentido, dijo Mery Gómez Pozos, cuando se designa a una persona, "lo que está en juego no es solo el procedimiento, sino la calidad de las instituciones que terminan sirviendo o fallándole a la gente. Por ello a nadie sorprende que ciertas designaciones se disputan con mayor ahínco. La deliberación pública se puede traducir en decisiones más conscientes, con la idoneidad de los perfiles", señaló la legisladora en su participación durante la presentación del libro "Sin cuotas ni cuates", presentado este viernes en el Colegio de Jalisco. Así mismo, dijo, cuando se designa a un perfil para cierto espacio, no solo es necesario analizar sus credenciales, sino también que el perfil muestre integridad, confianza pública, capacidad y honestidad. "No son términos excluyentes, deben ir juntos, complementarse con transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana informada, toda vez que el público no puede convertirse solo en espectador respecto a lo que sucede en las instituciones del Estado. La ciudadanía debe participar y debe contar con información clara, con criterios comprensibles, y con mecanismos reales para observar opinar y exigir razones. La información se vuelve parte de la solución, y desde ello, las designaciones públicas pueden entenderse también como una política pública silenciosa", señaló la diputada federal jalisciense. En su intervención, el senador por Jalisco de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, planteó cuatro puntos de reflexión al respecto de los procesos de designación pública, siendo la primera de ellas la tensión entre las designaciones basadas en mérito y aquellas vinculadas con la lealtad política. En este sentido, señaló, el problema surge cuando se presenta la política como lo opuesto al mérito, pues, reconoció, muchos cargos institucionales inevitablemente tienen una dimensión política. Al elegir magistrados o fiscales, por ejemplo, no solo se aplican criterios técnicos, sino que también toman decisiones que implican interpretaciones del interés público, por lo que las democracias suelen combinar criterios profesionales con consideraciones políticas legítimas. “Una cosa es el patronazgo personal, es decir, nombrar a alguien por afinidad o cercanía, y otra cosa distinta es la dimensión política que inevitablemente existe en ciertos cargos institucionales. El problema institucional no es la política en sí misma, sino cuando la política se convierte en patronazgo”, destacó. En segundo lugar, señaló que no todas las designaciones públicas responden a la misma lógica institucional, por lo que analizarlas bajo un solo estándar puede simplificar en exceso el fenómeno, pues, de nueva cuenta, no es lo mismo designar a un juez constitucional, a un fiscal o a un órgano técnico de control administrativo, ya que cada uno de esos cargos exige equilibrios distintos entre mérito técnico, confianza política y autonomía institucional. La tercera reflexión giró en torno al uso de la expresión “sin cuotas ni cuates”, utilizada para describir prácticas de padrinazgo político. Clemente Castañeda consideró que la fórmula resulta eficaz desde el punto de vista retórico, pero agrupa fenómenos distintos, ya que no todos los acuerdos partidistas equivalen a patronazgo personal. Recordó que en órganos electorales como el hoy extinto Instituto Federal Electoral o el Instituto Electoral de Jalisco, las negociaciones entre partidos permitieron integrar organismos colegiados plurales con perfiles profesionales sólidos. “No todas las cuotas partidistas o los arreglos políticos son necesariamente padrinazgo personal. En algunos contextos las cuotas no debilitan a las instituciones; ayudan a equilibrar el poder y a dar legitimidad a órganos colegiados”, afirmó. En su cuarto punto, el senador destacó el papel de las evaluaciones técnicas independientes, las cuales reconoció como una innovación importante para comparar perfiles y aumentar la transparencia en los procesos de designación, aunque, reconoció que también es necesario cuestionar quién evalúa a los evaluadores y cómo se construye la legitimidad de esos procesos. “Si las evaluaciones técnicas influyen en decisiones públicas relevantes, entonces también debemos preguntarnos quién evalúa a los evaluadores, qué criterios utilizan y qué mecanismos garantizan su imparcialidad. Las evaluaciones técnicas también deben ser objeto de escrutinio institucional”, finalizó su intervención. Al tomar la palabra, José Medina Mora Icaza, presidente el Consejo Coordinador Empresarial, consideró que las designaciones públicas deben encontrar un equilibrio entre mérito profesional y acuerdos políticos, pues ninguno de los dos elementos por sí solo garantiza la calidad institucional. En ese sentido, llamó a evitar que los nombramientos respondan mayoritariamente a la lealtad política.“No puede ser 10 por ciento de capacidad y 90 por ciento de lealtad. Tiene que haber equilibrios en las designaciones y acuerdos entre las fuerzas políticas. Las instituciones dependen de cómo se nombra a quienes las integran, y por eso la ciudadanía también debe involucrarse para exigir procesos más equilibrados y transparentes”, señaló Medina Mora durante la presentación del libro coordinado por David Gómez Álvarez, expresidente del Comité de Participación Social SEA de Jalisco.Por último, Mauricio Merino, catedrático y doctor en Ciencia Política, lamentó que a lo largo de la vida política de México nunca se ha tenido un servicio profesional de carrera, y se ha tenido la influencia y cercanía política para establecer los perfiles que ocupan los cargos públicos (no elegidos democráticamente). "No lo hizo el PRI, no lo hizo el PAN, no lo hizo nuevamente el PRI, y por supuesto tampoco lo hizo Andrés Manuel López Obrador, a quien tengo el gusto de conocer. Él nunca creyó en el servicio profesional, siempre apeló a la idea de que era mejor la cercanía política", manifestó Merino, coeditor del ejemplar.En ese sentido, advirtió que la corrupción no debe entenderse solo como el desvío de recursos públicos, sino como la apropiación del espacio público para fines privados, ya sean políticos o económicos. Señaló que esta lógica se manifiesta a través de lo que la literatura especializada denomina captura del Estado, la cual comienza precisamente con el control de los nombramientos. “La corrupción no es solamente llevarse dinero público a la casa; es capturar el espacio público para fines políticos o financieros. La captura del Estado empieza por los puestos públicos, por lo que se conoce como sistema de botín”, dijo. Mauricio Merino explicó que este fenómeno suele extenderse a otros ámbitos del funcionamiento estatal. Identificó cinco espacios donde puede producirse esa captura: los puestos públicos, el presupuesto, las decisiones gubernamentales, la información pública y el poder de sancionar, pues cuando estos cinco ámbitos se concentran bajo una misma lógica de control político, se configura un sistema que debilita las instituciones democráticas. Así, señaló, el desafío no solo es comprender el problema, sino traducir esas ideas en cambios institucionales reales. Durante la presentación también estuvo presente Enrique Ibarra Pedroza, presidente del Colegio de Jalisco; destacó la pluralidad no solo de los temas que aborda el libro, sino también de la pluralidad de ideas que convergieron este viernes para dialogar sobre este tan importante tema político, pues desde sus trincheras han aportado ideas al debate que, dijo, espera que no se quede solo en este evento, sino que trascienda a la vida pública de Jalisco.Por otra parte, al tomar la voz, aprovechó para hablar de los acervos que alberga el Colegio de Jalisco, como la Biblioteca personal de Agustín Yáñez, de Juan Gil Preciado y Constancio Hernández Allende, entre otras figuras relevantes en la vida pública y política de Jalisco, por lo que invitó a la academia y la sociedad en general a acercarse al Colegio para conocerla. YC
