Reducción de presupuesto, planeación deficiente y obstáculos en el flujo de información son algunos de los factores que tienen estancada la implementación en Jalisco del Sistema de Justicia Penal (SJP), explicó Enrique Bouchot, investigador del programa de Justicia de México Evalúa.Durante una entrevista con este medio de comunicación, el especialista, quien participó en la elaboración del estudio Hallazgos 2020, recordó que el Estado ocupa el lugar 13 a nivel nacional en la puesta en marcha del SJP, donde ha permanecido a media tabla, lo cual no le parece positivo.Sobre la leve disminución que tuvo Jalisco en el nivel de impunidad, precisó que identificaron que fue por “esfuerzos aislados” al apostar por herramientas alternativas como los acuerdos reparatorios.“El problema de que esto no esté basado en un documento de planeación es que se puede acabar en cualquier momento, es un esfuerzo aislado, aunque pueda ser bueno. Se necesita que estos esfuerzos sean parte de una planeación a mediano o largo plazo para que sean sostenibles y no haya riesgo que se puedan perder”, argumentó.Añadió que Querétaro es un ejemplo a seguir en la planeación y comunicación constante que ha llevado a cabo para ajustar la implementación del sistema, además de que cuenta con un esquema informático que conecta a todas las instituciones involucradas, desde las policías hasta el Poder Judicial. Detalló que el cambio se aceleró en esa Entidad en tres años, lo que muestra que es posible si hay voluntad.Bouchot subrayó que el informe no está hecho para golpear a los gobiernos estatales. Contrario a eso, acentuó que el ejercicio pretende ser un elemento para contribuir a planear y que las autoridades identifiquen áreas de oportunidad.Esta casa editorial publicó que en Jalisco se quedan sin castigo 94.5 de cada 100 delitos. El nivel de efectividad del Sistema de Justicia Penal alcanza para sancionar sólo 5.5.De acuerdo con la información dada a conocer por el estudio Hallazgos 2020, también se incrementó la cifra negra de ilícitos en la Entidad, que entre 2019 y 2020 pasó de 91.2% a 92.9 por ciento.Las medidas de paridad para abrir espacios a las mujeres no han permeado en el Poder Judicial de Jalisco que sigue siendo un “Club de Toby”, consideró Enrique Bouchot, investigador del programa de Justicia de México Evalúa. Destacó que 71.6% de los jueces en la Entidad son varones y las mujeres son minoría en los espacios de impartición de justicia.El especialista informó que por primera vez el estudio Hallazgos 2020 incorporó un enfoque de género en la revisión del Sistema de Justicia.Detalló que en el caso de la Fiscalía estatal identificaron que hay mayor paridad, aunque siguen predominando los hombres en los cargos directivos con mejores salarios.“Observamos que la discriminación contra las mujeres operadoras del Sistema de Justicia Penal se refleja en materia de remuneraciones, a pesar de que constituyen una buena parte de la fuerza de trabajo en las instituciones”.Añadió que también como usuarias del sistema “las mujeres enfrentan discriminación y violencia: a las detenidas se les amenaza con hacer daño a familiares, no se registran sus lesiones al momento de la detención, su privación de la libertad sin sentencia es más común que entre los hombres, las sanciones que se les imponen son más severas y como víctimas sufren mayores daños psicológicos y tienen más miedo a denunciar por temor a los agresores e incluso a las autoridades”.En el estudio se señala que el sistema, a pesar de sus reformas, no ha logrado incorporar el enfoque de género como uno de los pilares de acceso a la justicia.Bouchot expuso que otra área de oportunidad para Jalisco es la implementación del servicio profesional de carrera, pues es lugar 27 nacional. Refirió que contar con este servicio ayudaría al desarrollo del Sistema y a reducir la brecha de paridad.
