Durante el último mes de la actual Legislatura, los diputados locales le costarán al erario casi 10 millones de pesos.En los últimos días de su gestión, tienen derecho a recibir el pago de aguinaldo (que es de 50 días de salario), más la parte proporcional de la prima vacacional que les corresponda. Las prestaciones adicionales representan unos 100 mil pesos que se añaden al último salario mensual, de 109 mil pesos, de cada uno de los 39 legisladores.El Coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Manuel Guadarrama, expuso que si bien el Congreso estatal ha mejorado en el manejo de sus finanzas, aún debe reducir su gasto, pues el presupuesto por diputado es de 18.6 millones de pesos anuales, cantidad mayor al costo por legislador en la Cámara de Diputados federal, que llega a los 16.9 millones.“Haber eliminado el gasto en casas de enlace no los exime de tener un mal manejo del presupuesto. Es el tercer Congreso más caro del país, está por arriba el costo por legislador que hay en la Cámara de Diputados, hay una asimetría importante en el costo que representa cada legislador jalisciense para la población”, explicó.Añadió que, con un promedio de 50 sesiones al año, el Congreso jalisciense no figura entre los que más actividad tiene y se limita a cumplir con los mínimos que marca la ley.En respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, el director de Administración y Recursos Humanos del Legislativo, Óscar Ramos Martínez, reportó que únicamente tienen derecho al finiquito proporcional de sus prestaciones laborales que se encuentren pendientes de pago y no se contempla la adjudicación de algún bono, seguro o compensación especial por fin de trienio.El diputado Víctor Manuel Tenorio Adame, presidente de la Comisión de Administración, negó que puedan disponer de los recursos que tienen ahorrados para aprobarse algún tipo de gratificación.Un total de 325 empleados de confianza del Poder Legislativo estatal dejarán sus puestos el último día de octubre, al concluir sus contratos. Antes de retirarse, cada trabajador podrá cobrar la parte proporcional de aguinaldo, que máximo puede ser de 50 días de salario, prima vacacional y mil 096 pesos de despensa navideña. Además, en septiembre cobraron el bono del Día del Servidor Público que corresponde a una quincena adicional.En contestación a una solicitud de información, vía Transparencia, el área de Administración y Recursos Humanos del Congreso local reportó que el 31 de octubre concluye el contrato de 325 empleados supernumerarios.Se detalló que no existe dentro del presupuesto partida alguna que considere algún pago adicional por el final de la relación laboral. Se aclaró que el personal tiene derecho al finiquito proporcional de sus prestaciones laborales que se encuentren pendientes de pago.Los trabajadores que se retiran por la conclusión de su contrato son los que llegaron como empleados de confianza que cada legislador tiene derecho a contratar, con la bolsa de 105 mil pesos de la que dispone cada mes.Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), cuestionó la forma en la que se contrata al personal de confianza de los diputados y sostuvo que no es profesional, pues no hay exámenes de oposición para captar a los mejores perfiles.“No tienen un manejo adecuado del personal que trabaja en el Poder Legislativo. Hay un uso discrecional de las plazas que se contratan en el Congreso de Jalisco porque no se realizan convocatorias y exámenes para contratar a personal a través de servicio profesional, con lo cual no garantizan tener asesores técnicos, profesionales que puedan asesorar correctamente a los legisladores”, argumentó.Ayudan a los legisladores El Congreso del Estado de Jalisco tiene más de 325 burócratas supernumerarios que corresponden a los trabajadores de salas de diputados, apoyo a coordinadores parlamentarios, áreas administrativas, órganos técnicos y secretarios técnicos de comisiones legislativas.La plantilla de personal en el Poder Legislativo estatal se ha incrementado y en lo que va de la actual Legislatura se han “liberado” nombramientos por orden del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, luego de perder juicios laborales.De acuerdo con la información disponible en su portal de transparencia, en noviembre de 2015, primer mes de la Legislatura actual, el Congreso estatal tenía 572 empleados con base. En la primera quincena de septiembre de 2018 se alcanzaron los 613 trabajadores con plaza.La Dirección Jurídica del Poder Legislativo informó que durante el actual periodo han enfrentado por lo menos 158 juicios laborales y decenas de requerimientos de reinstalación. Sólo este año proyectaron 16 reinstalaciones. Los laudos que se han hecho efectivos son por las denuncias presentadas por despidos de la Legislatura 60 y también por casos de las Legislaturas 58 y 59.Los fondos destinados para el pago de laudos se incrementaron durante los últimos tres años, en 2015 se pagaron 8.8 millones de pesos, para 2016 el monto erogado ascendió a 16.4 millones de pesos y durante el año pasado se desembolsaron 17.6 millones.En el presupuesto de este año se etiquetaron 6.3 millones para el pago de indemnizaciones y 59.9 millones para prestaciones y haberes de retiro.La actual Legislatura dejará a los diputados que arrancan su gestión el 1 de noviembre decenas de iniciativas en las que no consiguieron el consenso para dar luz verde. Como ejemplos se quedan en el tintero la reforma al Poder Judicial y la reestructuración de la Fiscalía.La diputada Rocío Corona Nakamura, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó entre los pendientes temas como cumplir con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) que ordenó al Congreso local armonizar el Código Civil estatal respecto a las uniones entre personas del mismo sexo.“Otra iniciativa es la de la cannabis, la del matrimonio igualitario, la ley de voluntad anticipada, y sobre violencia obstétrica, que viene dentro del pre dictamen que ya fue consensuado al interior de este Congreso de la Ley de Salud. Los que van a formar parte del gabinete de la próxima administración del Gobierno estatal nos han solicitado tiempo antes de que la aprobemos por esta comisión”, comentó.Añadió que actualmente el Congreso tiene unas 350 iniciativas rezagadas que heredarían a los nuevos legisladores. La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado no limita que los diputados puedan presentar iniciativas hasta el último día de su gestión, aunque ya no alcancen a dictaminarlas y las hereden a sus sucesores.Aunque con obras de mantenimiento pendientes, la 62 Legislatura local arrancará sin contratiempos presupuestales, pues, de acuerdo con los estados financieros, en las cuentas bancarias del Congreso hay 265 millones 419 mil pesos, monto adicional a las ministraciones que recibirán en los últimos dos meses del año.Una novedad de la nueva Legislatura será la reducción de una curul. Suprimir este espacio implicará ahorro de alrededor de millón y medio de pesos, sólo por concepto de sueldos y prestaciones. Sumando el recurso que se dejará de ejercer por el personal de apoyo que no se contratará, el ahorro se calculó arriba de los ocho millones de pesos.Legisladores federales también se llevan tajadaA nivel federal, cada uno de los 500 diputados y 128 senadores pudo cobrar al final de la 63 Legislatura, en julio, pasado el “seguro de separación individualizado”, que implicó el pago de 567 mil 840 pesos resultado de sus aportaciones voluntarias de 10% de la dieta mensual (por los últimos tres años o su parte proporcional). También se embolsaron parte proporcional de aguinaldos, asistencia legislativa, atención ciudadana. Cada uno se retiró del cargo con 118 mil 300 pesos de sueldo, más 104 mil 355 pesos por aguinaldo (proporcional a ocho meses); más 200 mil pesos mensuales por asistencia legislativa y atención ciudadana.
