La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que gracias a los acuerdos reparatorios alcanzados con funcionarios procesados, se han logrado recuperar más de 13.4 millones de pesos (MDP) por daños: siete millones 879 mil 985 pesos, más 5.6 millones de pesos vía extrajudicial, los cuales se han pagado a las víctimas directas, sean personas o dependencias públicas, afectadas por la actuación de los servidores públicos.El fiscal anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, dijo que hay ocasiones en que el particular que resulta afectado sólo quiere llevar a los infractores ante el juez, pero en esos casos buscan que los donativos se hagan a asociaciones civiles, como Nariz Roja o Cruz Roja. “Para que el servidor público sepa que tiene un costo obrar de una manera inadecuada. Un total de 41 personas han estado vinculadas y gracias a la reparación del daño han logrado tener una suspensión condicional de proceso”.Sobre casos grandes como los desfalcos a la Secretaría de Salud y al Instituto de Pensiones, dijo que ambos siguen en proceso. “En Salud son inversiones fallidas por cerca de 600 millones de pesos, allí ya tenemos personas vinculadas. La otra que son mil 200 millones de pesos está próxima a entregarse al juzgado. Son carpetas donde está concluida la investigación inicial”.Subrayó que en Pensiones también hay personas vinculadas por nombramientos y pensiones irregulares, así como compras a sobreprecio. “En Salud tenemos a los principales actores vinculados y en prisión preventiva”.Agregó que en la Comisión Estatal del Agua, donde se señala un desfalco por 150 millones de pesos, la primera carpeta de investigación por 58 millones de pesos ya está judicializada “y tenemos al director general en prisión preventiva. Es el tema del primer caso en Jalisco de enriquecimiento ilícito, que es un servidor público del SIAPA”.Por último, destacó el reciente caso de una servidora pública del Comude de Guadalajara, quien transfirió dinero de la dependencia a su cuenta personal. “Esa fue una investigación que inicia el órgano interno de control, pero la lleva a cabo en este año, por lo tanto es de esta administración. Se denuncia en julio y en diciembre se vincula a proceso”.El fiscal indicó que con la pandemia y el cierre de actividades llegaron a tener más de 60 carpetas de investigación en juzgados, en espera de audiencias.“Finalmente superamos la pandemia, regreso de labores y nos empiezan a dar audiencias de manera muy constante. Este año no hubo una sola semana donde no lleváramos a cabo audiencias iniciales en contra de servidores públicos”. Dijo que tan sólo en los últimos días lograron la vinculación de dos policías en Lagos de Moreno y la de un magistrado. “El trabajo es más constante, no porque no lo hiciéramos antes, sino porque el hecho de que el Poder Judicial esté normalizando actividades nos permite ir dando resultados”.
