El Congreso de Jalisco aprobó la reforma que armoniza la legislación estatal en materia de transparencia, lo que provocará la desaparición del Instituto de Transparencia (Itei), cuyas funciones serán asumidas por la Contraloría del Estado. Esta dependencia tendrá la capacidad de obligar tanto al Gobierno de Jalisco como a los ayuntamientos y organismos públicos a rendir cuentas.El dictamen fue aprobado por las bancadas de Movimiento Ciudadano, Morena, Hagamos, Futuro, Verde y Partido del Trabajo, mientras que PRI y PAN se opusieron. Los legisladores de las fuerzas aliadas destacaron los beneficios de esta reforma, como el ahorro de recursos y una oportunidad para transparentar más el gasto público y sancionar a los opacos. Miguel de la Rosa, coordinador de Morena, señaló que el Itei duplica la nómina, lo que representa un gasto de 67 millones de pesos anuales, los cuales se ahorrarán con la eliminación del instituto. En cuanto a la reforma, se estableció un plazo de 90 días para que el Congreso apruebe las leyes secundarias necesarias para que la Contraloría asuma las funciones de órgano garante de la transparencia. José Luis Tostado, coordinador de Movimiento Ciudadano, aseguró que el Itei continuará operando hasta que las leyes secundarias sean aprobadas. “El Instituto no suspenderá ningún plazo; seguirá siendo la autoridad garante de la transparencia hasta que se aprueben las leyes correspondientes y entre en funciones la Contraloría”.Respecto a la estructura, se propuso la creación de un órgano desconcentrado dentro de la Contraloría, que se encargue de garantizar el acceso a la información. Esta propuesta fue respaldada por Tonatiuh Bravo Padilla, de Hagamos, quien también sugirió que este órgano tenga una mayor representación ciudadana y no política, con la intención de sancionar la opacidad. Es la tarea pendiente para el Congreso.Por su parte, el gobernador Pablo Lemus pidió a los legisladores garantizar la creación de un órgano ciudadano e independiente que exija rendición de cuentas a los Gobiernos.“El nuevo órgano debe ser independiente, con participación ciudadana, y debe obligar al Gobierno a rendir cuentas”.Las bancadas del PAN y del PRI expresaron su preocupación por la falta de autonomía de la Contraloría, al estar vinculada al Ejecutivo estatal. Claudia Murguía, coordinadora del PAN, afirmó que no hay garantía de imparcialidad en la entrega de la información. Por su parte, María del Refugio Camarena, coordinadora del PRI, criticó a Movimiento Ciudadano y Morena por replicar el modelo federal de transparencia. “El Gobierno será juez y parte”.Sin embargo, la diputada Montserrat Pérez Cisneros recordó que el dictamen avalado ayer en Jalisco fue una consecuencia de la reforma federal. Recordó que en el Congreso de la Unión, Movimiento Ciudadano no apoyó esa reforma. “Lo que estamos discutiendo es cómo seguir garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en la configuración que reformó y aprobó el Congreso de la Unión”. Y criticó a los que, en todo caso, avalaron la reforma federal.Olga Navarro, titular del Itei, acentuó que en lugar de un árbitro intermedio, ahora serán las propias autoridades quienes determinen si entregan o no la información solicitada.Olga Navarro, titular del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei), consideró que la extinción del organismo, avalada por el Congreso del Estado este martes, representa un retroceso de 20 años en materia de transparencia para la entidad.En entrevista con este medio, la comisionada presidenta calificó como lamentable la desaparición del instituto, tras dos décadas de operación en beneficio de la transparencia y la rendición de cuentas en Jalisco.“El nuevo modelo que se está planteando es desafortunado. Tener una institución con más de 20 años de trayectoria, que adelantó el ejercicio del derecho de acceso a la información en Jalisco y que además fue ejemplo a nivel nacional, y ahora perderla, es lamentable y triste”.Navarro advirtió que no solo se pierde un avance institucional, sino que lo más grave es que la autoridad estatal volverá a ser juez y parte: ahora será la misma instancia a la que se le solicita la información la encargada de resolver si la entrega o no, sin un órgano intermedio como el Itei que supervisara y obligara al cumplimiento.“Se pierde ese avance de 20 años. Las autoridades se convierten otra vez en juez y parte. Antes existía un árbitro, el Itei, que podía exigir la entrega de información cuando una dependencia se negaba. Ahora será la propia autoridad, a través de sus órganos internos de control, la que determine si entrega o no los datos”.“Veremos si realmente hay voluntad de transparencia o si solo es un discurso. ¿Cuándo lo vamos a notar? Cuando la ciudadanía solicite información, no la obtenga y el órgano interno de control no presione al titular o a quien la está negando. Ahí veremos si están comprometidos o si solo son tapaderas de un mal gobierno”, sostuvo.La comisionada presidenta subrayó que las sociedades democráticas requieren contrapesos a través de instituciones especializadas, autónomas y no sometidas a intereses políticos, que garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas.Por otra parte, Navarro reconoció la necesidad de revertir la suspensión de plazos para impugnaciones, así como de fortalecer a los órganos internos de control, dotándolos de atribuciones claras para asegurar la entrega de la información solicitada por los ciudadanos.Añadió que, de haber tenido la oportunidad, habría propuesto mecanismos que garantizaran la independencia de estos órganos internos, mayores facultades para sancionar a servidores públicos opacos e incluso la posibilidad de inhabilitarlos.Además, consideró que quedó pendiente la creación de un consejo consultivo que acompañe las decisiones de las contralorías y promueva una mayor participación ciudadana en los temas de fiscalización y transparencia.
