En el Día Internacional de la Mujer, los diputados locales sacaron del archivo iniciativas de reforma relacionadas con el combate a la violencia de género, pero dejaron pendientes otras.Por ejemplo, si bien hicieron un ajuste al artículo 51 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para obligar a los ayuntamientos a que contemplen proveer resguardo en centros de refugio temporal a mujeres violentadas, archivaron el ajuste al Código Penal que busca clasificar el acoso callejero como delito. Esta última medida se presentó el 29 de junio de 2017.El pasado miércoles, el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos dio a conocer el informe “Ser mujer en Guadalajara”, en el que señaló que 74% de las mujeres en la metrópoli mayores de 15 años ha experimentado violencia física, emocional y sexual y 62% ha vivido algún tipo de acoso en la vía pública.La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Legislativo, Liliana Morones, argumentó que tras la reciente aprobación de una iniciativa similar a nivel federal podría agilizarse la discusión en la Entidad.“No se trata de sólo hacer discursos bonitos que mañana se terminan, es el momento de visibilizar lo que pasa. Entiendo que hay voluntad, pero queremos que se concreten. Sé que se están estudiando las propuestas, pero esperemos que no sea simulación”, dijo.La propuesta original de Morones contemplaba sancionar a los acosadores con una pena de un mes a un año de cárcel. Sin embargo, si se armoniza con la reforma aprobada en la Cámara de Diputados, el castigo desaparecía, pues no toma en cuenta la prisión para los hostigadores.Los legisladores también dejaron en pausa la iniciativa para ampliar las órdenes de protección a mujeres que se puso en la mesa desde el 21 de junio de 2016 y cumplió con todo el trámite en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero no ha sido discutida en el pleno.En este proyecto de reforma se planteó que las órdenes no tengan periodo de duración y se prolonguen durante el tiempo que la seguridad de la mujer pueda estar comprometida.Los diputados aprobaron establecer la obligación para que todas las dependencias públicas cuenten con protocolos para prevenir la violencia contra las mujeres, que se consideren acciones preventivas que se apliquen en espacios públicos, privados, y en la prestación de servicios públicos. Además, fijaron los mecanismos internos para la denuncia de violencia institucional.Dos de cada 10 mujeres en México no han denunciado cuando han sufrido algún tipo de violencia física o sexual, debido a que sienten miedo a las consecuencias o vergüenza de contar lo ocurrido, reveló la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, en colaboración con el Inegi.La coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (Cladem), Guadalupe Ramos Ponce, aseguró que las personas que viven violencia, sean del género que sean, tienen una afectación de tal magnitud, que está científicamente comprobado que la recuperación es larga y dolorosa.“Hay quienes nunca se recuperan de un hecho traumático, nunca son capaces de volver a hablar de eso y nunca pueden vivir relaciones sanas tampoco. Hay tal afectación emocional y física por esa situación que vivieron, ya no digamos que lo puedan hablar, sino que su propia vida se convierte en un infierno por aquello que no pudieron procesar, porque nos enseñaron a guardar silencio”.De acuerdo con la encuesta realizada en México, la mayoría de los casos de violencia física o sexual se dan en el ámbito laboral y comunitario, seguido del escolar y familiar.Otras de las razones por las que las mujeres no solicitan ayuda o no denuncian una situación de violencia, son porque piensan que nadie les va a creer o dirán que fue su culpa; porque tienen desconocimiento de cómo y dónde denunciar, o bien, porque consideran que el percance no tuvo gran importancia o no les afectó.Ramos Ponce mencionó que hace falta más cultura de la denuncia en el Estado, y es necesario que se hable más de los centros en los que se brinda atención, como es el caso del Centro de Justicia para las Mujeres del gobierno del Estado y la Línea Alto al Acoso, del municipio de Guadalajara.Durante el evento donde se develó la placa de Certificación en el Sistema de Integridad Institucional del Centro de Justicias para las Mujeres, el gobernador Aristóteles Sandoval anunció que se creará un centro nuevo en el municipio de Puerto Vallarta. Explicó que se invertirán 13 millones de pesos provenientes del Gobierno federal y que estará listo antes de que termine su administración. “Es una política pública donde el asunto no es sólo de mujeres, el asunto lo tenemos que hacer juntos, hombres y mujeres, para evitar que lleguen a este centro de justicia”, mencionó Sandoval.
