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Viernes, 26 de Abril 2019

Concluye sexenio y el Reclusorio Metropolitano sigue subutilizado

Inaugurado en 2013, con una inversión de mil 700 millones de pesos (y 33 millones más en 2017), sigue sin ser terminado

Por: El Informador

El Reclusorio Metropolitano, inaugurado en febrero de 2013. EL INFORMADOR/Archivo

El Reclusorio Metropolitano, inaugurado en febrero de 2013. EL INFORMADOR/Archivo

Concluye una nueva administración y el Reclusorio Metropolitano no opera a totalidad. Inaugurado en 2013, con una inversión de mil 700 millones de pesos (y 33 millones más en 2017), sigue sin ser terminado.

El proyecto inició en el periodo de Emilio González como gobernador. Su objetivo era  atender la sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles estatales, que durante ese periodo (2007-2012) se encontraban 67% rebasadas.

La prisión, diseñada para mil 700 internos, contaría con los más altos estándares de seguridad y tecnología, necesarios para albergar a los delincuentes de mayor peligrosidad.

El fiscal de Reinserción Social, Carlos Antonio Zamudio, reconoció que el Reclusorio Metropolitano no estará concluido, por lo que será un pendiente más para el Gobierno estatal entrante.

Dejan inversión en cárceles de Jalisco para el final del sexenio

Transcurrieron cuatro años desde que inició la administración estatal para que se realizara alguna intervención de obra pública dentro de las cárceles jaliscienses. No fue sino hasta 2017 cuando la Fiscalía del Estado erogó una inversión total por 195.4 millones de pesos para los proyectos de rehabilitación en 13 centros penitenciarios de la Entidad, de acuerdo con información del área de Transparencia de esa dependencia.

Se trata de 40 trabajos ejecutados en los Centros Integrales de Justicia Regional (Ceinjure) de Ameca, Zapotlán, Chapala, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Tequila, Vallarta y Autlán de Navarro. Las obras también se realizaron en los reclusorios Preventivo, de Readaptación, Femenil y Metropolitano del complejo penitenciario de Puente Grande.

Según el documento, los proyectos se hicieron para rehabilitar y dar mantenimiento; en ninguno de los casos se habla de la ampliación de nuevos espacios, a pesar de que la sobrepoblación y el hacinamiento son algunos de los principales problemas que detecta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dentro de los centros de reclusión del país.

En ese sentido, el Monitoreo de Indicadores (Mide) de Jalisco revela una reducción de 37% en la sobrepoblación penitenciaria de Jalisco. Ésta pasó de 62.7% en 2012 a 39.2% en 2017.

Entre las principales inversiones está una por 43 millones de pesos para “modernizar” el camino de ingreso principal y conexiones al complejo de Puente Grande; 15.5 millones de pesos para trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en infraestructura tecnológica del Reclusorio Femenil, y 13 millones más para el mismo rubro, pero en el Reclusorio 
Metropolitano.

El Gobierno estatal también erogó 9.9 millones para construir una barda perimetral en el Ceinjure de Autlán de Navarro y 9.5 millones más para las terrazas familiares de los bloques II y III del Reclusorio Metropolitano (uno de los pendientes que tenía este centro, que desde 2013 no ha sido concluido).

Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del Colegio de Jalisco, dijo que la mayoría de los Ceinjures y reclusorios de Puente Grande requieren de una remodelación que permita recuperar las áreas para actividades deportivas que alguna vez se dedicaron a dormitorios, y la mejora en las áreas de capacitación para el trabajo y talleres.

La Fiscalía no sólo autorizó trabajos en el ingreso al complejo penitenciario de Puente Grande, también en su interior. ESPECIAL

No ven mejoras significativas 

Alejandra Núñez es abogada penalista. Desde hace cinco años acude al complejo penitenciario de Puente Grande, especialmente a las áreas del Reclusorio Preventivo y del Femenil, donde visita a sus clientes varias veces por semana.

A pesar de que notó que el año pasado se realizaron algunas remodelaciones en espacios como el estacionamiento y las áreas de recepción de visitas, opina que los trabajos no han sido concluidos, pues considera que algunos de ellos parecen “a medias” y otros tantos sólo fueron realizados “para comprobar gastos”.

En su opinión, algunas de las intervenciones que más se notan están en los cubículos de ingreso para los visitantes, donde ahora el acceso para hombres y mujeres se separó de extremo a extremo.

Otra modificación que percibe es la colocación de toldos en el ingreso del reclusorio, así como la construcción de algunas bardas y el cambio de las puertas de entrada.

Sin embargo, para Alejandra aún faltan cambios significativos, como remodelar los baños para las visitas y construir bodegas para el resguardo de los expedientes de los internos, ya que éstos se encuentran en cajas de cartón en las áreas donde se encuentra con sus clientes para informarles sobre sus casos.

“No hay modificaciones que hagan que los reclusorios se vean distintos o que han servido para la mejora de los reclusos”.

Trabajos en las prisiones del Estado
  • Iluminación de bardas perimetrales en Ceinjures de Ameca, Lagos de Moreno, Zapotlán El Grande, Chapala, Tepatitlán, Puerto Vallarta y Autlán de Navarro: $1,263,200.
  • Iluminación, rehabilitación y modernización del Centro de Readaptación Social (Puente Grande): $40,038,445.
  • Modernización e iluminación del ingreso principal y conexiones al complejo penitenciario de Puente Grande: $46,032,252.
  • Construcción de barda perimetral en el Ceinjure de Autlán de Navarro: $9,920,663.
  • Iluminación, rehabilitación y modernización del Reclusorio Preventivo (Puente Grande): $38,032,316.
  • Rehabilitación y modernización del Reclusorio Metropolitano (Puente Grande): $33,337,740.
  • Iluminación, rehabilitación y modernización del Reclusorio Femenil (Puente Grande): $23,181,516.
  • Análisis y levantamiento en campo de proyectos penitenciarios en el Estado: $3,640,489.

Prometen abrir nuevo bloque en el Metropolitano

La evolución tecnológica es una de las razones por las que el Reclusorio Metropolitano será heredado a la siguiente administración estatal. Según el fiscal de Reinserción Social, Carlos Antonio Zamudio, “te das cuenta de que, al paso de los años, ya no sirve o es muy caro poderla reparar cuando existe alguna falla en el sistema”.

Expone que algunos de los sistemas que fueron contratados en el sexenio anterior hoy han quedado “obsoletos” por las nuevas tecnologías.

Afirma que tener un centro moderno y seguro ha sido la intención desde el principio, y que gracias a la inversión de 33 millones de pesos, ejecutada el año pasado, “están por abrir un nuevo bloque” en esa prisión.

“Eso nos va a permitir tener un poco más de población en el interior. También estamos viendo cuáles pueden ser los perfiles adecuados para ese bloque”.

Según la Fiscalía de Reinserción, el sistema penitenciario en Jalisco tiene más de 40 años, por lo que era necesario invertir en infraestructura básica, como el ingreso al núcleo de Puente Grande, por ejemplo.

El fiscal agrega que también invirtieron en cámaras de videovigilancia, pero eso no se transparentó porque si bien son herramientas necesarias, “por seguridad no tienen obligación de decir específicamente lo que hacemos porque es alertar a las personas del interior”.

Derechos humanos
Evaluación. De acuerdo con el último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Jalisco se ubica en la novena posición a nivel nacional, con una calificación general de 6.3 sobre 10 por las condiciones en que se encuentran sus centros de reinserción social.
Punteros. El primer lugar lo ocupa Guanajuato (8.1), seguido por Querétaro (8.1) y Coahuila (7.4); la última posición la ocupa Nayarit (4.1).
Rezagos. Los reclusorios que la CNDH diagnosticó en Jalisco fueron el Preventivo, que obtuvo 6.4 de calificación; el Femenil, con 6.9; el de Puerto Vallarta, con 7.4; y el de Ciudad Guzmán, que obtuvo la mejor calificación: 7.65. El peor evaluado fue el de Sentenciados, con 6.2.
Seguridad. La CNDH evalúa la seguridad tanto para el personal como para los internos, la estancia digna, las condiciones de gobernabilidad, la reinserción social y la atención a los internos con requerimientos específicos.
Semáforo rojo. En los reclusorios Preventivo y de Sentenciados, el indicador de las condiciones de gobernabilidad se encuentra en rojo. Derechos Humanos detectó que el sistema de autogobierno en esas dos prisiones continúa.

LA VOZ DEL EXPERTO

Autogobierno, freno de la autoridad

Guillermo Zepeda Lecuona (investigador del Colegio de Jalisco)

Aunque en los últimos años se ha reducido la población de internos dentro del complejo penitenciario de Puente Grande, aún existe un porcentaje considerable de hacinamiento dentro del mismo. Y para el experto, eso y los autogobiernos son problemas que no han logrado erradicar las autoridades en la materia.

“Sigue existiendo un autogobierno, un sistema de extorsión sistematizada entre los internos que representa riesgos latentes que ponen en peligro la seguridad de algunos de los reclusos ahí dentro”, expuso.

En su opinión, acabar con esa situación será uno de los mayores retos para la administración estatal entrante, pues el Estado está obligado a tener la autoridad y gobernabilidad de los reclusorios al aplicar los reglamentos de los centros penitenciarios, y no de las reglas que han impuesto los propios internos.

La realidad actual también repercute en que, aún con la clasificación existente de internos con mayor peligrosidad, éstos no han sido trasladados al Reclusorio Metropolitano, espacio que cuenta con medidas de seguridad más estrictas y de alta tecnología.

“Es una situación de poder; de que grupos criminales resisten y quizás las autoridades temen que algunos de ellos, al ser trasladados, se amotinen. Es tener nada más la fortaleza institucional de ejecutar los traslados y enfrentar las consecuencias de aplicar la ley para que se haga lo más conveniente para el proceso de reinserción”.

Concluyó que otro de los puntos por mejorar es la implementación de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado, pues los procesos no son ágiles ni permiten una judicialización eficiente y ágil, ya que hay internos que se encuentran en espera de un proceso de pre-libertad, y eso abona a la sobrepoblación y hacinamiento de los centros. 

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