Académicos y especialistas convocados a la reunión para revisar la legislación sobre desaparición forzada de personas, coincidieron en que el dictamen que estuvo a punto de aprobarse en el Congreso local no cubre requerimientos básicos.Ana Karolina Chimiak, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), refirió que la propuesta tiene deficiencias como omitir regular la estructura y funcionamiento de la Fiscalía especializada en la materia, entre otras. Recordó que el proceso que se realiza en el Poder Legislativo local es tardío, pues la reforma tenía que estar vigente en julio del año pasado.“No considerar dentro de la propuesta las atribuciones de la institución principal encargada de investigar y perseguir el delito de desaparición, resulta grave, omiso e ignorante”, aseveró. Carmen Chinas Salazar, profesora del departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, se pronunció porque el proceso de consulta sea amplio para escuchar y atender las aportaciones de las familias y organismos especializados.Planteó profundizar en las medidas de prevención de este delito, garantizar el derecho a la verdad y no repetición. Además de humanizar el trato y acercamiento con las víctimas.El director del CEPAD, César Pérez Verónica, solicitó al Gobierno del Estado que se reactive la Comisión Institucional sobre el tema que agrupa a los funcionarios a los que les corresponde atender la problemática, con familiares y especialistas.En Jalisco se tiene registro oficial de siete mil 117 casos de personas desaparecidas y en al menos 112 municipios hay casos documentados.Durante la mesa de revisión de la ley sobre desaparición forzada, el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Daniel Espinosa Licón, afirmó que el Poder Judicial no puede ser indiferente al tema y subrayó que, a cuatro años de la implementación del nuevo modelo acusatorio, no se ha concretado ninguna sentencia o juicio por desaparición forzada.“Necesitamos buenas normas, pero también necesitamos buenos operadores; de nada sirve tener una buena ley si tengo un mal operador”, precisó. El juzgador refirió que las fallas en el debido proceso, detenciones ilegales, la ineficacia y corrupción hacen que el delito quede impune. Comentó que de 2015 a la fecha sólo diez denuncias por desaparición fueron judicializadas, pero en todos los casos con amparos o apelaciones, los señalados quedaron en libertad.NM
