Miércoles, 10 de Agosto 2022

22 de abril: Sólo 2 años de cárcel, castigo para 9 funcionarios por las explosiones

Trabajadores de Pemex, SIAPA y el Ayuntamiento de Guadalajara fueron implicados en la tragedia, pero quedaron libres en 1994

Por: El Informador

Los afectados acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a sus demandas a tres décadas de la tragedia. EL INFORMADOR/G. Gallo

Los afectados acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a sus demandas a tres décadas de la tragedia. EL INFORMADOR/G. Gallo

Víctimas de las explosiones del 22 de abril exigen justicia a 30 años de la tragedia, pues en enero de 1994 quedaron libres los nueve funcionarios señalados como presuntos responsables, tras la resolución del Juez Sexto de Distrito en Materia Penal de Jalisco que sobreseyó la causa penal 70/92.

Entre estos se encontraban cuatro de Pemex. Los otros laboraban en el Ayuntamiento tapatío y el organismo local del agua.

Lilia Ruiz, líder de la Asociación Civil 22 de abril, dice que su situación no prescribe. “Tenemos derecho a que se siga investigando quién es el responsable”.

A 30 años del evento, sobrevivientes realizaron misa y homenaje cívico. EL INFORMADOR/A. Camacho

Víctimas de explosiones piden más certidumbre 

Sumando los seis millones de pesos que anunció el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, para el fideicomiso de las víctimas de las explosiones ocurridas hace 30 años en el Sector Reforma, éste contará con una bolsa global por alrededor de 23 millones de pesos, los cuales alcanzan para cubrir los gastos de tres años más, subraya Lilia Ruiz, líder de la Asociación Civil 22 de abril de Guadalajara. 

Por ello, solicitan a las autoridades de los tres niveles de Gobierno, incluido el federal a través de Petróleos Mexicanos (Pemex), comprometerse a que cada año se destine una bolsa al fideicomiso. 

“Si nos lo van a estar dando a cuentagotas… que ya sea un compromiso que pase de una administración a otra o que se establezca un ingreso alto para cubrir el tiempo que lo requieren las víctimas”. 

Lo único que les han asegurado, agrega, es que recibirán cuatro millones de pesos anuales durante los tres años que Lemus Navarro esté como presidente municipal, y 1.5 millones del Gobierno estatal. “Pero después de que ya no estén ellos o que llegue otro partido, no sabemos qué vaya a pasar. Seguro, no tenemos nada”. 

21 de abril de 1992. Vecinos denunciaron un día antes de la explosión el olor a gasolina. EL INFORMADOR/Archivo

En el caso de los recursos que reciben por parte del gobierno estatal, comenta, es necesario que crezca “mínimo el doble”.

Lo anterior, subraya, porque desconocen cuántos años de vida les restan a las víctimas. “Lo que queremos es que no quede desprotegido nadie. Lo que nos preocupa, más que nada, es que si fallecemos quienes estamos luchando por esta situación, haya recursos suficientes. No sabemos qué va a pasar cuando ya no exista alguien con la suficiente energía para luchar por esos recursos”. 

Actualmente son 69 las personas que reciben una pensión mensual, pero exigen que cinco de éstos reciban la misma cantidad que el resto: tres salarios mínimos, poco más de 15 mil pesos. 

“Hemos venido luchando por años para que se les homologue la cantidad. No entendemos por qué nos diferencían así, como si fuéramos sobrevivientes de primera o segunda”, dijo la mujer. 

Insiste en que uno de los puntos de mayor exigencia es la atención médica, la cual presenta inconvenientes. “Es lo principal para nosotros porque de eso depende la calidad de vida que podamos tener día con día a causa de las secuelas. A diario estamos padeciendo dolencias”. 

22 de abril de 1992. Las explosiones hicieron volar casi 10 kilómetros de calles en el sector Reforma. EL INFORMADOR/Archivo

PARA SABER

Presentan libro 

Tres decenios después, la lucha para que la tragedia no quede en el olvido sigue en diferentes iniciativas, como el libro “Abril en la memoria: 30 años”, que fue presentado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)  en el marco de las actividades para conmemorar esa fecha. El libro puede descargarse de manera gratuita en el sitio web de la Fundación Böll. 

Los funcionarios activos el día de la tragedia

Carlos Salinas de Gortari,  Presidente de la República

Se comprometió a emitir un dictamen en cuestión de horas, el cual tardó más tiempo en ser entregado a las autoridades locales. Actualmente está alejado de la política. 

Guillermo Cosío Vidaurri, gobernador de Jalisco

Transcurría la mitad de su mandato cuando sucedieron los hechos. Tras reclamos de ciudadanos, el 30 de abril de 1992 solicitó licencia y ya no regresó al cargo. Falleció en 2019.

Enrique Dau Flores, alcalde de Guadalajara

Solicitó licencia al cargo y fue señalado como uno de los presuntos responsables de la tragedia. Estuvo preso hasta enero de 1994. Falleció en 2020. 

Ignacio Morales Lechuga, titular de la PGR

Se encargó de la investigación de las explosiones en la extinta Procuraduría General de la República. Actualmente es notario público.

Francisco Rojas Gutiérrez, director de Pemex

Anunció una reestructuración de la paraestatal. En la pasada administración federal fue director de la CFE. Es miembro del PRI. 

Leobardo Larios Guzmán, titular de la PGJ en Jalisco.

Fue responsable de realizar una investigación paralela de los hechos en la Procuraduría General de Justicia de Jalisco. En 1995 fue asesinado.

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