El Congreso de Jalisco hoy puede elegir entre un mal fiscal anticorrupción y el peor posible. Cuando las cartas están marcadas desde Casa Jalisco, ¿realmente podemos llamar a esto una elección?Como comenté en este espacio, la terna enviada por el gobernador Pablo Lemus no ofrece autonomía, sino subordinación con distintos matices.Tenemos a Tatiana Anaya, actual Consejera Jurídica del gobernador; y a Cipriano Manzanilla, un perfil forjado bajo la sombra del abogado general de Enrique Alfaro.Ambos son, en esencia, empleados del Poder Ejecutivo buscando saltar a una silla que, por definición, debería vigilarlos.Sin embargo, el título del “peor” se lo lleva Ricardo Sánchez Beruben, ex coordinador de Seguridad el sexenio pasado. Su reciente comparecencia ante los diputados fue un despliegue de soberbia que solo puede permitirse quien se siente sobrado.Sánchez Beruben es un “corsario” político: posee el ADN del alfarismo -con el lastre del caso Rancho Izaguirre y el fraude de Yox Holding-, pero hoy cobra en el Gobierno Federal de Morena.Esa dualidad lo convierte en el candidato ideal para un pacto de impunidad entre la bancada naranja y la guinda. Si Morena y MC coinciden en él, no es por su capacidad, sino porque a ambos les conviene un fiscal capaz de cerrar los ojos cuando se lo pidan.Ayer, la Comisión de Justicia del Congreso le dio el visto bueno a los tres, confirmando que el escenario está listo para el reparto de cuotas.El otro escenario es que ninguno alcance los dos tercios de votación, obligando a Lemus a enviar una segunda terna; no obstante, el posible acuerdo previo en el Legislativo es difícil de ignorar.El fiscal saliente, Gerardo de la Cruz Tovar, nos deja una lección amarga: surgió de la “academia” para terminar convertido en un brazo político de Alfaro.Fungió como fiscal especializado en perseguir policías de crucero mientras los grandes desfalcos denunciados por la Contraloría estatal terminaron en el archivo. Para eso, bastaría con una buena agencia del Ministerio Público.La pregunta de fondo ya no es qué fiscal queremos, sino para qué queremos una Fiscalía Anticorrupción sin autonomía, subordinada ante el gobernador y la partidocracia. Si el plan es entregarle las llaves de la vigilancia a los vigilados, de eso a nada, mejor nada.
