Los contrapesos formales han desaparecido, con un Poder Judicial que pronto será cooptado por Morena, y un Congreso que tiene mayorías abrumadoras morenistas con una ilegal sobrerrepresentación del 20%. En ese contexto, crecientemente se pone atención en los contrapesos informales, como la clase empresarial. Sin embargo, los grandes empresarios han estado más ocupados en entrar por la cada vez más estrecha puerta del poder político, que en tratar de abrirla para todos en beneficio del país.Si los regímenes democráticos se caracterizan por la relativa difusión del poder y la claridad de reglas, los regímenes autocráticos encarnar la concentración del poder, la falta de reglas y la discrecionalidad para decidir quién tiene acceso al poder y quién no, quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores, quién tiene futuro bajo el régimen y quién no. En muchas ocasiones, el poder político toma decisiones que parecerían irracionales desde el punto de vista económico, sin embargo, hay mucho de racionalidad política detrás de ellas, mucha lógica desde el punto de vista del poder. Como bien argumenta el académico estadounidense, Francisco Rodríguez: “Sólo imponiendo decisiones aparentemente arbitrarias puede un gobierno que pretende tomar el poder demostrar efectivamente que puede hacer lo que quiera.”En México, todo comenzó con un manotazo caprichoso y arbitrario al cancelar el NAICM, enviando la señal de quién mandaba en el país. Siguieron innumerables decisiones ilegales, un torrente que no se veía en la historia del México democrático y, muy posiblemente, en la historia del régimen autocrático priista. Pero fue a raíz de la cancelación del NAICM donde el sector empresarial se disciplinó y entendió la nueva dinámica del juego: portarse bien, agachar la cabeza y aplaudir las decisiones del presidente para seguir teniendo acceso al poder y sus oportunidades económicas. Empresarios como Carlos Slim, que se vieron afectados con la cancelación, fueron inmediatamente recompensados con el Tren Maya y cuantiosos contratos públicos. En ese sentido es que se entiende que alrededor del 80% de los contratos públicos se hayan otorgado por adjudicación directa bajo López Obrador.El estado de derecho ha dejado de existir. Lo que ahora hay es acceso. Y eso es lo que hace el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, quien no es un empresario pero sí un experto en relaciones públicas que ha aplaudido básicamente todas las decisiones políticas pero que, también, les asegura acceso al poder a los grandes empresarios del país. La cereza del pastel del acceso es la desaparición de los organismos autónomos y la elección judicial: el Poder Ejecutivo absorberá más facultades económicas y los juzgadores acabarán por representarlo. La señal que se manda a todos –y muy especialmente al sector empresarial– es que su futuro está en manos del poder político.“El uso discrecional y a menudo arbitrario del poder para determinar las fortunas económicas está en el centro de casi todos los episodios de retroceso democrático”, dice Francisco Rodríguez. Esa es en gran parte la esencia del proyecto morenista: un proyecto autocrático con una dinámica de extracción de rentas. Los grandes empresarios lo han entendido bien y aplauden, en el peor de los casos, o guardan un silencio cómplice, en el mejor de ellos.TikTok: @mxpatriotaTwitter: @FernandoNGE
