El 2017 cerró con una oleada de violencia política que no augura nada bueno. La tendencia de las autoridades es y será decirnos que se trata de casos aislados. Y en estricto sentido lo son, es muy probable que cada uno, el del activista de MC en La Huerta, Salvador Magaña; el del diputado del PRD y precandidato a alcalde de Tomatlán, Saúl Galindo y el director de Servicios Médicos Municipales de Casimiro Castillo, Miguel García González, tengan una historia específica. Pero, así como no podemos caer en generalizaciones absurdas, no ver lo que tienen en común podría llevarnos a una ceguera políticamente conveniente pero lejana a la realidad que está viviendo el Estado.De entrada, estamos hablando que los tres casos fueron en la zona del Estado que controla el cartel Nueva Generación. Dos de los asesinatos, el de La Huerta y el de Casimiro Castillo fueron con arma blanca. A Magaña primero lo secuestraron, lo “levantaron”, se dice ahora, y luego tiraron el cadáver. El del diputado fue atacado por un comando paramilitar que, con absoluta impunidad, se le cerró, lo bajó y lo asesinó a sangre fría. Hace cinco años otro diputado federal por el mismo distrito fue “levantado” en pleno periférico en Tlaquepaque y luego asesinado allá, es más que evidente que hay una situación de violencia política en un territorio específico.Los políticos no son más o menos importantes que otros cientos de ciudadanos que han padecido la violencia de estos grupos. Pero, cuando se desata la violencia política, esto es cuando el acceso al poder no es mediante elecciones libres y democráticas, sino que hay un grupo que por la vía de la violencia se abroga el derecho de decidir quién sí y quién no puede ejercer el poder, estamos ante una democracia capturada.El fenómeno que vive el Sur de Jalisco se repite en muchos otros territorios en el país a manos de éste u otros grupos violentos. La violencia, lo comentamos hace unas semanas en este mismo espacio, es el elefante en la sala del que ningún candidato quiere hablar, porque no hay soluciones fáciles, porque lo que nos digan no nos va a gustar. Hoy la pregunta es tan sencilla como terrible: ¿hay condiciones para tener elecciones libres y democráticas en el Sur de Jalisco? La respuesta no puede ser una simple declaración. Es importante que tanto el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) como la Secretaría de Gobierno hagan una evaluación seria de qué está pasando en la región y cuáles son la condiciones para la elección. Todavía hay tiempo, estamos a seis meses del proceso electoral. Hacernos de la vista gorda hoy puede tener un precio todavía más alto después de las elecciones.
