En un país polarizado como el que estamos viviendo hasta las tragedias generan odios y distinciones de clase. Las muertes tras el accidente de Tlahuelilpan, 85 hasta la hora de escritura de esta columna, han desatado los peores sentimientos en el país. Las muestras de solidaridad, que también las hay, han sido opacadas por quienes criminalizan a las víctimas y quienes las santifican.Es cierto que las víctimas de este terrible e irresponsable accidente estaban robando gasolina. De eso no hay duda, pero de ahí a que hayan sido criminales hay una distancia enorme. Las víctimas, habitantes de un poblado sumido en la pobreza (ocho de cada 10 de ellos viven en pobreza o pobreza extrema) y con niveles de educación bajísimos vieron en aquel maná de gasolina no solo la posibilidad de comer sino, como lo han expresado, como un regalo del cielo.La tragedia no hubiese ocurrido sin alguien que perfore el ducto, ni tampoco si los habitantes de Tlahuelilpan no hubiesen acudido en manadas y tampoco si los militares hubiesen tomado una posición más férrea ya no en defensa del combustible sino de las vidas humanas: cualquiera con un mínimo de preparación habría intuido el riesgo de aquel festín gasolinero. Pero no ocurrió así; la irresponsabilidad de todos se conjuntó, como suele suceder en este tipo de accidentes.Los huachicoleros, al igual que los burros, los sembradores de mariguana o rayadores de amapola en el negocio del narcotráfico son la parte débil de la cadena, pero no la importante, mucho menos la que lucra. Hacer del huachicol un delito grave, como pretende el Gobierno, puede terminar encarcelando a decenas de miles de robadores de gasolina y hacer parecer como que se combate el delito. Robar gasolina es un robo a la nación como cualquier otro, como el que roba cable de la CFE, o el que se roba un bote de basura. El que organiza el robo de combustible, corrompe autoridades, se asocia con funcionarios de Pemex y vende producto robado, ese es al que hay que perseguir y encarcelar y a ese hay que procesarlo por delincuencia organizada.Los muertos y heridos de Tlahuelilpan fueron más víctimas de su condición que de su conducta. Pero ni es culpa del Estado como pretenden los que exigen que se indemnice a los familiares, ni son miembros del crimen organizado de esos que algunos celebran “que se maten entre ellos”. El Gobierno deberá de hacerse cargo de intervenir en un poblado que ha quedado física y psicológicamente devastado, y la sociedad entender que eso es parte del México desigual que urge, solidariamente, equilibrar. Esa, y no otra, es la batalla. PD. El viernes pasado, víctima de mi propia certeza en las fuentes que me lo comentaron, aseguré que Bátiz sería electo fiscal y luego remplazado por Gertz Manero. Evidentemente me equivoqué. Ofrezco una disculpa a los lectores y prometo hacer 100 planas con la máxima periodística “Nunca le hagas al mago o al adivino porque la realidad se encargará de desmentirte”.(diego.petersen@informador.com.mx)
