Legislar para la tribuna se refiere a la costumbre de los diputados de impulsar iniciativas de ley inaplicables en la realidad, pero que versan sobre temas mediáticos o de moda.Este supuesto se cumple con la iniciativa del diputado emecista Ismael Espanta Tejeda aprobada la semana pasada. La medida avalada por el pleno del Congreso de Jalisco modifica la Ley de Protección y Atención a Migrantes del Estado de Jalisco. Estipula que a todos los migrantes nuestro Estado les debe garantizar el derecho irrestricto: “A los servicios de atención médica previstos por el sector público, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables”.La salud es un derecho humano, pero no basta añadir 25 palabras a una ley para garantizar ese derecho a la población migrante en tránsito sin analizar la realidad de los servicios de salud en el Estado. Sobre todo si consideramos que mil 600 migrantes circulan a diario por Jalisco, según la iniciativa. Y es una población con tendencia a aumentar.De entrada, el derecho que plantea el diputado no se garantiza ni al total de los jaliscienses.En el Informe Anual Sobre la Situación de la Pobreza y Rezago Social 2017 de la entonces Sedesol, se indica que uno de cada cinco jaliscienses carece de acceso a servicios de salud a través del IMSS, ISSSTE o un seguro privado.En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), los servicios de atención prehospitalaria están rebasados. Tenemos una unidad de urgencias médicas o Cruz Verde por cada 75 mil pobladores cuando la OMS recomienda una por cada 25 mil.El tipo de ayuda que requiere un migrante está relacionada principalmente con alimento, hospedaje y asesoría jurídica. Pero alrededor del 10 por ciento de la población en tránsito por la ZMG también requiere de servicios de atención médica, según el estudio “Guadalajara, refugio de migrantes centroamericanos” de la UdeG. Sobre todo requieren atención por cansancio, golpes, lesiones en los pies, fiebre y en menor proporción alguna enfermedad crónica.Todo ese contexto se omite en la iniciativa del diputado. Carece, como muchas otras, de lo que el Observatorio Legislativo del ITESO ha denominado mecanismo de garantía, es decir, que el diputado se pregunte antes: ¿será posible cumplir esta ley? ¿cuánto costará aplicar esta ley? ¿tenemos el dinero para que se haga realidad?En 25 palabras, el diputado despachó su reforma. Cualquier duda que se despeje “conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables”.Como la serpiente que se muerde la cola, este tipo de reformas para la tribuna sólo aumentan la letra muerta de nuestra legislación. Más leyes que nadie cumple. El debate no es quitar o dar atención médica a los migrantes. Sino proponer y analizar un mecanismo para garantizarles acceso a la salud a ellos y a también a los jaliscienses.Promover una ley o una reforma sin evaluar su viabilidad debería ser motivo de sanción. Pero a los diputados, por el contrario, les pagamos.
