Lunes, 29 de Noviembre 2021

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Un matrimonio mal avenido

Por: Diego Petersen

Un matrimonio mal avenido

Un matrimonio mal avenido

Capítulo 572: El gobierno del estado baja el presupuesto a la Universidad de Guadalajara. Los universitarios protestan y apelan al derecho al presupuesto. El gobierno acude a un acuerdo basado en los usos y costumbres para argumentar que su compromiso es otorgar el 48% del total, en función de lo que aporta el gobierno federal.

Como en telenovela chafa, el drama solo se repite a sí mismo: los mismos argumentos sobre el presupuesto y la regla 52/48 será usada por los universitarios o por el gobierno de estado de acuerdo con la conveniencia de cada uno. Esta discusión y estos argumentos han sido recurridos indistintamente por unos y otros al menos desde los años noventa. 30 años de pleito de un matrimonio mal avenido al que no le está permitido el divorcio.

El gobernador les llama caprichos a los proyectos de la Universidad simplemente porque no son de su gobierno; la Universidad exige más y más presupuesto porque sus necesidades seguirán creciendo, pero lo hace más en función de un acto reflejo más que de una planeación. El animal siempre tiene hambre, sus necesidades no tienen límite.

A todos, salvo al gobierno en turno y a los grupos de control del partido en el poder, que por definición serán una minoría, nos conviene una universidad con la mayor autonomía posible y eso pasa por la certidumbre presupuestal. Hoy existe un componente básico, lo que los políticos llaman el irreductible y una parte variable siempre al arbitrio del gobernante en turno, que depende mucho más de la gestión política del rector que de una visión de lo que los ciudadanos queremos para nuestra universidad. 

Si no tienen manera de separarse, porque si bien la Universidad es una institución con autonomía para el ejercicio de su presupuesto (como lo ha dejado en claro, una vez más, la Corte) que obtiene sus recursos de la misma bolsa que el gobierno del estado y/o el gobierno federal, lo que toca es construir una nueva forma de relación entre ambas entidades, un acuerdo político convertido en norma, que evite que la relación entre la Universidad y el gobierno esté mediada por el presupuesto, que le quite al gobierno la facultad de apretar a la universidad con el dinero y a la UdeG el arma del chantaje de cada año. Ese acuerdo, que se llama presupuesto constitucional, ya existe en otros estados del país.

A este matrimonio le urge una revisión de fondo. Si no por convicción, pues ambos lados se benefician tarde o temprano de la ambigüedad, al menos para darle variedad a esta novela, cada día más predecible y aburrida.

diego.petersen@informador.com.mx

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