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Sábado, 26 de Mayo 2018

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Tlaquepaque: una tras otra

Por: Jorge O. Navarro

Tlaquepaque: una tras otra

Tlaquepaque: una tras otra

La paralización de la Policía de Tlaquepaque desató, en lugar de un proceso de solución, un conflicto mayor e inesperado para el Gobierno estatal de Aristóteles Sandoval Díaz. La cuestión se plantea con relativa simplicidad: ante la crisis de inseguridad y violencia que azota en la Zona Conurbada de Guadalajara, ¿cómo es que se determinó intervenir en Tlaquepaque y no en otro de los municipios metropolitanos?

Los hechos se han sucedido con rapidez: la desaparición de tres ciudadanos italianos en Tecalitlán, con la comprobada complicidad de policías municipales; el aumento inusitado de homicidios violentos (69 en menos de una semana) con la justificación de que es un “reacomodo” entre bandas rivales del crimen organizado. Y el remate: la admisión por parte del gobernador de que la escalada de violencia aumentará.

Como si se tratara de una estrategia para contrarrestar las críticas, la mañana del domingo 11 de marzo la Policía de Tlaquepaque amaneció intervenida. El mandatario Aristóteles Sandoval anunció que, debido a la sospecha de infiltración de policías en organizaciones criminales, la corporación fue desarmada y todos sus elementos convocados a concentrarse para recibir capacitación y ser investigados.
Pero las cosas se han hecho mal o cuando menos son cuestionables.

De entrada, se aplican eufemismos para disfrazar errores evidentes: los policías de Tlaquepaque fueron desarmados y se presume que son convocados a capacitarse. Mientras tanto, la Policía Estatal se hará cargo de la vigilancia durante 30 días.

Si efectivamente la Fiscalía General tiene información propia o facilitada por el Ejército, la Procuraduría General de la República (PGR) o la Policía Federal, para afirmar que varios elementos de la policía están infiltrados por bandas criminales, lo que procede es detener a los responsables, abrir una carpeta de investigación y sujetarlos a una acusación formal que los lleve a ser juzgados y sentenciados. ¿Pero detener a la corporación completa?

Tlaquepaque, se sabe desde tiempo atrás, es un territorio en el que chocan grupos criminales rivales. El municipio ha sido escenario de numerosos episodios violentos, como el ocurrido el pasado 8 de febrero, cuando un comando de 10 hombres armados atacó dentro de un pequeño restaurante a un grupo de comensales, y asesinó a seis. Los fallecidos fueron identificados después como responsables de haber atacado, también con armas de fuego, a un alto cargo de la policía municipal. Se trató pues, de un ajuste de cuentas.

Puede presumirse que algunos policías puedan son responsables de conductas ilegales por acción o por omisión, pero para purgar a una corporación se requiere una investigación amplia y con anticipación. La presidenta municipal, María Elena Limón, declara que hace más de un año le pidió al gobernador Sandoval Díaz apoyo para intervenir en su policía, pero nunca la atendieron y jamás esperó un golpe con tintes electorales porque nunca fue informada ni se pidió su colaboración.

Muchos pasos legales fueron sencillamente ignorados, y en el Gobierno del Estado tienen conocimiento puntual de que eso podría servir para que auténticos responsables puedan evadir la acción de la justicia por procedimientos judiciales mal integrados.

Y lo que es peor: no hay garantía de que con esto se reducirán homicidios y delitos, ni en Tlaquepaque ni en el resto de la ciudad.

(jonas@informador.com.mx / @jonaspalestra)
 

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