Bajo riesgo de contagio en este periodo de cuarentena, decenas de familiares de personas desaparecidas, y acompañantes de organizaciones civiles, clausuraron ayer simbólicamente el Congreso del Estado en expresión de inconformidad y rechazo a los modos y tiempos en cómo los diputados pretenden discutir y aprobar tres leyes que tienen que ver con las víctimas de desaparición forzada y otros delitos.Además de familiares de los colectivos Por Amor a Ellxs y Entre el Cielo y la Tierra, participaron activistas de organizaciones como Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) y Tómala. La molestia y rabia de las familias organizadas que buscan a sus desaparecidos están más que justificadan. Los diputados de Jalisco tienen una demora de dos años en su obligación de armonizar los contenidos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En concreto tienen que dictaminar tres leyes que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez presentó ante el Congreso del Estado el 8 de octubre del año pasado: sobre Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, sobre Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y sobre Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco.Como se sabe, las desapariciones es uno de los fenómenos de la violencia organizada que más afecta a la sociedad jalisciense: de acuerdo con el registro federal, Jalisco es el segundo estado con más desapariciones: más de 10 mil casos. El registro estatal reconoce más de nueve mil 413 casos. Este tipo de violencia conduele a miles de familias y tiene un impacto terrible en el tejido social.Pero no se trata de una omisión que afecta a las familias que tienen desaparecidos. La tardanza en legislar sobre esos asuntos también afecta a víctimas de delitos como tortura, ejecuciones extrajudiciales e incluso a víctimas de desastres ambientales. La tardanza de los legisladores es injustificada. Si bien a fines de enero de este año se llevaron a cabo foros con las organizaciones de familiares y otras organizaciones civiles que velan por los derechos humanos, el proceso se detuvo, de manera justificada, una vez que se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Como relataron en una carta difundida el lunes pasado por los colectivos que clausuraron simbólicamente el Congreso del Estado, los diputados anunciaron la semana pasada su intención de presentar los dictámenes y aprobar las tres leyes esta semana. Las familias y las organizaciones se pronunciaron ahora en contra de este proceso exprés para aprobar estas leyes. Y piden algo sensato: que la aprobación de las leyes sea con el acompañamiento y acuerdo de los colectivos de familiares.“Considerando lo anterior, exigimos que NO pasen al pleno ni se voten los dictámenes de las leyes en materia de desaparición y atención a víctimas, hasta que se genere un proceso abierto, participativo, transparente e incluyente, con la metodología previamente acordada, y hasta que se atiendan las observaciones de familiares de personas desaparecidas de Jalisco, y víctimas de violaciones a derechos humanos, acompañadas por las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en las materias”.Es un justo reclamo que debe ser escuchado por los diputados locales: Sin las familias no.
