En Aguililla, Michoacán, los pobladores no tienen derecho al libre tránsito. Un grupo del crimen organizado tiene tomadas las carreteras. Son ellos quienes deciden quién pasa y quién no. El Gobierno federal, fiel a su política de abrazos y no balazos, logró a través de las fuerzas armadas una humillante negociación: se podrá circular de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Como respuesta a los desesperados habitantes, imposibilitados de hacer su vida cotidiana, de acudir a Apatzingán a hacer sus negocios comunes, el presidente promete la construcción de un Banco Bienestar. ¿Qué más puede desear un pueblo sino una sucursal bancaria con las caras de Hidalgo, Juárez y Madero? La libertad de tránsito, suponemos, no es sino un lujo neoliberal.Las comunidades de los Altos de Chiapas han sido asediadas por grupos del crimen organizado apoyados por las autoridades municipales, según narran los observadores de Derechos Humanos del centro Fray Bartolomé de las Casas. Más de mil personas han sido desplazadas por la violencia en las comunidades de Chenalhó y Pantelhó. Más de una docena de pobladores ya habían sido asesinados a lo largo del año sin que nadie reaccionara. El sábado las autoridades estatales y federales actuaron tarde y mal (cayeron seis policías estatales y tres militares en el enfrentamiento).Tres trabajadores de la salud jaliscienses han muerto en Zacatecas en los límites de los límites imaginarios de los territorios de Jalisco y Zacatecas. Los grupos del crimen organizado “pelean la plaza”. Los gobiernos de ambos estados y el gobierno federal se esmeran en explicar, no en resolver la seguridad del tránsito de las personas en esa zona, mucho menos en castigar a los culpables.Resulta sumamente complicado el equilibrio entre la aplicación necesaria de la fuerza y la gestión política de la violencia: cuántos balazos y cuántos abrazos, cuándo unos y cuándo otros. Nadie tiene la respuesta, todos nos han prometido una gestión distinta, un saber hacer en materia de seguridad que no tienen, quizá simplemente porque no existe; no hay otra salida que no sea el largo, tortuoso y electoralmente poco atractivo camino de la construcción de un estado de derecho.La gestión política de la seguridad, la inacción del Estado por motivos políticos, tiene víctimas concretas con nombres y apellidos. Si Jalisco hubiese investigado y hecho justicia desde las primeras fosas clandestinas quizá hoy habría menos víctimas de desaparición forzada, menos familias rotas por la desaparición de un hijo, menos cuerpos descuartizados esperando ser identificados en el Semefo. Si las autoridades estatales y federales hubieran aplicado la justicia y el Estado de derecho en Michoacán hoy hace 10, cinco o tres años (basta ya de culpar a los de atrás de lo que no se hace ahora), los habitantes de esas comunidades podrían ir al banco que deseen, en la ciudad que deseen, sin tener que negociar con el crimen organizado. Poner un Banco Bienestar, que siempre será bien recibido en cualquier comunidad sin acceso a servicios bancarios, es el equivalente a tratar un cáncer con aspirinas. Pensar que el tren maya (que dejando de lado las implicaciones ecológicas seguramente generará activación económica de la zona) sustituye la aplicación del Estado de derecho es, desde donde se vea, una evasión de la realidad y de la responsabilidad.
