Otra vez la pareja neoleonesa de Samuel García y Mariana Rodríguez incendió las redes sociales. La influencer anunció el viernes a sus seguidores que acogería en su casa a un menor de cinco meses del DIF Capullos de Nuevo León durante el fin de semana. «Gracias Samuel por seguirme mis locuras», difundió. A continuación Mariana explicó que solicitó un «permiso de convivencia familiar» porque tenía un vínculo afectivo con el menor. También aclaró, creo que inocentemente, que carecía de la certificación para fungir como familia de acogida. La frivolidad política y el escándalo, paradójicamente, nutren la maquinaria mediática en que se han convertido el gobernador de Nuevo León y su esposa. A tal grado que Samuel aparece en las encuestas como presidenciable para 2024 por encima de Enrique Alfaro. Sin embargo, como muchos fenómenos virales, este nuevo episodio de la Chabacana Mayor y el gobernatore neoleonés nos evidencia que la clase política sólo replica viejas prácticas en nuevos canales de comunicación: las redes sociodigitales. Samuel y Mariana son, a pesar de su juventud e influencia digital, el prototipo de la vieja escuela del influyentismo, los privilegios y la trivialización del poder. Con un discurso de renovación, en realidad encarnan un México antimoderno y clasista que pretenciosamente creemos haber dejado atrás. Basta revisar, jurídicamente y desde una perspectiva de derechos humanos, lo ocurrido al menor del albergue DIF Capullos. En la ley no existe un permiso de «convivencia familiar» para acoger a un niño el fin de semana. En cambio, la norma sí permite convertirte en una familia de acogida previa evaluación, capacitación y certificación -documento que Mariana, inocentemente, reconoció que le faltaba-. En Jalisco existe desde 2016 la figura de la familia de acogida. Opera para aquellos casos en que un niño, víctima de violencia, orfandad o abandono, crece temporalmente con una familia mientras se resuelve su situación jurídica. Obliga al postulante a rendir un informe mensual, recibir visitas de inspección y capacitación. Todos estos protocolos se los brincaron el gobernador de Nuevo León y su esposa. Por otro lado, la ley censura la difusión de imágenes y nombres de menores vulnerables. La crítica de organismos defensores de derechos de la niñez se centró en cómo se cosificó al menor con una exposición excesiva e innecesaria. También reprobaron el rédito mediático, político y hasta económico (Mariana monetiza sus redes sociales) detrás de una motivación humanitaria. Hasta lo adornaron con tenis naranjas. El DIF Nacional solicitó ayer al DIF Capullos una explicación en máximo 72 horas. Me aventuro a concluir que la pareja recibirá una sanción administrativa pues ambos, antes que influencers, son servidores públicos. La adopción de un menor no es un derecho de los adultos sino una forma de restitución del derecho que tienen los niños y las niñas a vivir en familia. Samuel y Mariana no sólo lo asumieron y publicitaron como un derecho, sino como un privilegio en donde el poder se sitúa por encima de la ley y las garantías de terceros, en este caso un menor. Esa es nuestra nueva-vieja clase política de siempre.
