Una de las buenas noticias que se dieron en las campañas electorales del 2015 fue el surgimiento de la Iniciativa 3 de 3 que retó a los candidatos y candidatas a demostrar su compromiso con el valor de la transparencia y la rendición de cuentas.Fue un instrumento impulsado por organizaciones de la sociedad civil, universidades y organismos empresariales como respuesta al hartazgo de la corrupción e impunidad enquistada desde siempre en amplios sectores de nuestra clase política y gubernamental.Aquel ejercicio dejó claro lo que ya intuíamos todos. La profunda cultura de la opacidad y visión patrimonialista de los bienes y la actividad pública, que nos esquilma hasta hoy.Aceptaron hacer públicas su declaración patrimonial, la de impuestos y la de algún eventual conflicto de intereses, que no es otra cosa que dar a conocer si tienen o no participación en alguna empresa o negocio; menos del 1% de los 43 mil 416 candidatos que se registraron para buscar alguno de los 2 mil 51 cargos públicos que estuvieron en juego hace tres años. Eso significó que sólo 391 candidatos dieron esa muestra de apertura.Esa muy pobre respuesta fue un gran acicate para evolucionar esa herramienta ciudadana, encabezada por Transparencia Mexicana, para hacerla una obligación constitucional, no sólo para candidatos y candidatas, sino para todas las y los funcionarios públicos.Por ello en 2015 se convocó a la población a respaldar con su firma la iniciativa ciudadana, Ley 3 de 3, que rápidamente consiguió 634 mil firmas, más de las requeridas para que diputados y senadores iniciarán su discusión.Pese a todas las resistencias de los sectores más retrógradas de los distintos partidos políticos, la 3 de 3, bautizada formalmente como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fue incluida en el paquete de las siete Leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, promulgadas en julio de 2016.Lo cierto es que el Sistema Nacional Anticorrupción no acaba de arrancar por las negativas de las fuerzas políticas a resolver el tema de la creación y nombramientos de las o los titulares de la Fiscalía Autónoma y de la Fiscalía Anticorrupción.Los que trataron por todos los medios de cerrar el paso a la Ley 3 de 3, aunque no lograron del todo su objetivo, sí alcanzaron a detener la definición de los criterios de máxima publicidad de las declaraciones y el uso de los formatos, que dejaron en manos del Consejo de Participación Ciudadana del SNA.Esta indefinición debilitó considerablemente este esfuerzo y ya para los procesos electorales de 2016 y los de este año, los candidatos y candidatas que atendieron a este llamado fueron aún menos que en 2015. Es decir, en vez de avanzar, retrocedimos.Por eso quien se anotó un punto a favor recientemente es el senador de Jalisco por el partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien presentó una iniciativa para sacar la Ley 3 de 3 del olvido y devolverle su espíritu original de darle la máxima publicidad a estas declaraciones en todos los casos de las y los candidatos y de las y los funcionarios.Es sin duda una buena oportunidad de que la mayoritaria de la bancada de Morena demuestre que la cuarta transformación prometida por su líder político Andrés Manuel López Obrador, es una auténtica convicción y no sólo pura retórica demagógica.
