Durante 72 horas nos olvidamos de la pandemia de COVID-19 en Jalisco para recordar otro problema arraigado, añejo y para el cual, si hubiera un semáforo, estaría en rojo: la brutalidad policial.La discusión se ha polarizado. Por un lado, la existencia real de policías (estatal, municipales y ministerial) que abusan de la fuerza y la infiltración del crimen en las corporaciones. También, la lentitud e ineficiencia del aparato de justicia.Y en el otro extremo está la narrativa oficial que insiste en reducir el problema a un ataque externo (Morena, funcionarios federales y el crimen) para desestabilizar al Estado, y la figura de un gobernador concentrado en vociferar política y no en escuchar las demandas ciudadanas.El deslinde del Estado ante el caso de Giovanni, por todos los medios posibles, quedó en entredicho cuando sus propios elementos de la Fiscalía actuaron de manera brutal contra jóvenes manifestantes.Señalar como una excepción lo ocurrido a Giovanni y la agresión criminal de agentes de la Fiscalía para contrastarlo con los “buenos resultados en seguridad” no va a acallar la demanda real de miles de ciudadanos.El gobierno estatal puede continuar el sexenio sin ofrecer pruebas de los “oscuros intereses” que buscan debilitar al Estado, pero a lo que no puede renunciar, es a demostrar, explicar y castigar a quienes asesinaron a Giovanni y ordenaron atacar a manifestantes. Así de sencillo.***En estos momentos en Jalisco sólo el 31% de la población respeta el confinamiento en casa ante la pandemia de COVID-19. En abril llegamos a resguardarnos hasta el 60%.El gobierno de Jalisco alertó que este indicador, junto con el alza de casos activos, puede provocar un aumento de contagios y por tanto un regreso a la fase anterior, por lo que perderíamos lo ganado.En una semana se tomará esta determinación. Así que no es momento de aflojar.***El Poder Judicial de Jalisco notificará a personas privadas de su libertad por videoconferencia como parte de las medidas de modernización tecnológica ante la contingencia por COVID-19. Así lo determinaron el magistrado presidente, Ricardo Suro Esteves, y los magistrados de las Salas en Materia Penal, en una sesión de la semana pasada.
