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Viernes, 18 de Octubre 2019
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Regular el uso de los cigarros electrónicos

Por: Luis Ernesto Salomón

Regular el uso de los cigarros electrónicos

Regular el uso de los cigarros electrónicos

El uso de cigarros electrónicos está en la mira de los funcionarios de salud pública en Estados Unidos, dado que ocho personas han muerto y casi cuatrocientas están hospitalizadas con una enfermedad pulmonar relacionada con la inhalación de vapores. Lo que pareciera ser una serie de hechos aislados se ha convertido allá en un asunto de interés nacional: las autoridades han respondido con regulaciones más estrictas, incluso el propio presidente de Estados Unidos dijo que prohibiría la venta de cigarrillos electrónicos con sabores; y el estado de California se sumó a decenas de ciudades y estados que regulan el comercio de inhaladores.

El problema ha escalado porque cada vez más adolescentes usan los cigarrillos para consumir vapores de sabores que se comercializan tanto de forma legal como furtivamente.  El llamado vapeo, o inhalación de vapores mediante el cigarrillo electrónico, generalmente implica la uso de sustancias que se venden pequeños frascos o en aerosol, que contienen nicotina o THC, el ingrediente psicoactivo de la marihuana, mezclado con solventes u otros químicos. Hay poco control sobre los procesos de estas substancias, salvo en lugares donde legalmente se pueden adquirir. Las autoridades de salud de Estados Unidos confirman que muchas de las personas hospitalizadas han usado productos con THC, obtenidos en la calle, en lugar de ser adquiridos en las tiendas autorizadas donde la marihuana recreativa o medicinal es legal.

En México el uso de estos dispositivos es cada vez más popular entre jóvenes y aun niños, y la comercialización de los saborizantes se encuentra en auge en el mercado informal. Es evidente la necesidad de endurecer las normas para evitar el comercio ilegal de substancias peligrosas para la salud, y el uso mismo de los cigarrillos electrónicos entre los menores y adolescentes.

Pareciera una contradicción, dado que este tipo dispositivos se hicieron populares para usar cantidades menores de nicotina y dejar de fumar los cigarrillos convencionales desde hace años, pero ahora se han convertido en un vehículo para inhalar otras substancias como los óleos de cannabis. Las autoridades, al parecer, buscan allá indicios para suponer que algunos traficantes de substancias ilegales han descubierto que el uso de los cigarrillos electrónicos puede inducir su uso y que pueden ser capaces de vender cápsulas de contrabando.

El inhalar substancias de sabores que se adquieren sin un debido control pude llevar a la muerte, esa parece ser la conclusión del otro lado de la frontera, y si eso es allá dónde los instrumentos regulatorios del mercado son mucho más eficaces, podemos imaginar el enorme riesgo que significa en México, donde también se han popularizado estos dispositivos.

La situación se vuelve más compleja aun porque las compañías productoras de cigarros convencionales están presionando por una prohibición total, lo cual también pude ser dañino si se considera el riesgo de que miles de personas vuelvan a fumar tabaco y se coloque en riesgo para su salud.

El consumo vaporizado de los ingredientes psicoactivos como el THC y el uso de saborizantes con precursores fuera de control, es un riesgo mayor que requiere ser prohibido mientras no se legalice el consumo y se regule y se pruebe adecuadamente el mecanismo de producción, procesamiento y comercialización de las substancias como el TCH. Y en esta regulación deben implementarse mecanismos para evitar su uso por parte de menores de edad. Las autoridades federales mexicanas deben estar atentas a vigilar la crisis que se generó en Estados Unidos en el verano y tomar medidas urgentes dada la enorme interrelación social de las comunidades mexicoamericanas. Las regulaciones que limitan la libertad siempre deben estar sujetas a un intenso escrutinio y amplio debate, que debe darse, pero ante la urgencia se requieren medidas urgentes. La protección de la vida es deber esencial de la autoridad y el derecho a vivir un derecho fundamental de primer orden.

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