La decisión de un tribunal colegiado federal de Tamaulipas de reponer desde cero la investigación sobre lo que pasó aquella trágica noche del 26 de septiembre de 2015 en Iguala, Guerrero, en la que desaparecieron 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, es un punto de quiebre en la justicia mexicana. El colegiado no solo exhibió a la Procuraduría General de la República, echando para atrás la investigación porque se hizo, digamos, al más puro estilo del autoritarismo del viejo PRI: a base de tortura para obtener confesiones. En ningún momento dice que “la verdad histórica”, relación de hechos que el Ministerio Público presentó ante los jueces, sea falsa o verdadera, simplemente ha dicho que no es confiable por la forma en que se obtuvo la información.Pero más importante que la orden de reponer la investigación es que ésta deberá hacerse por parte de una comisión integrada por representantes de los familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la propia PGR, pero quien llevará la voz cantante sobre las líneas a investigar serán los dos primeros. Esto es, las preguntas a responder y las hipótesis de trabajo las propondrán las víctimas. Si ellos quieren revisar la actuación del Ejército aquella noche o llamar a cuentas al gobernador, por citar dos cosas que la PGR siempre se negó a realizar, ahora podrán hacerlo.Ojalá esta nueva investigación lleve al esclarecimiento del caso, pero sinceramente es muy difícil y poco probable, no solo porque han pasado muchos años y resulta prácticamente imposible realizar nuevas pruebas, sino porque lo que vamos a ver desde el primer día que comience la nueva investigación es un choque de visiones e intereses. Lo realmente sorprendente, trascendente y alentador de la resolución es que el Colegiado Federal puso a las víctimas como los verdaderos sujetos del derecho a la justicia y eso, aunque en teoría siempre ha sido así, nunca sucedía. En la práctica ha sido el Ministerio Público en esta condición doble y ambigua de ser el representante del Estado y al mismo tiempo tener el monopolio de la acción penal, quien termina definiendo el rumbo de las investigaciones y teniendo invariablemente un sesgo hacia los intereses del Gobierno (con lo de tragar no se juega, diría mi amiga Rosa) y no el de las víctimas.La importancia del regreso a Iguala no está en los resultados que se puedan obtener, que para tranquilidad de los familiares de los desaparecidos, ojalá sean muchos, sino en el antecedente. Bravo. Una buena en medio de tantas malas.(diego.petersen@informador.com.mx)
