Parece que no tiene futuro ningún cambio impulsado para implantar justicia en el ámbito judicial. Hace menos de un mes, el 12 de junio, se aprobó la “reforma al Poder Judicial” en el Congreso jalisciense. Todos los diputados, menos los seis que forman parte de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), votaron a favor de cambios en la Constitución estatal a fin de aplicar exámenes de control de confianza, limitar a 12 años el ejercicio de los magistrados y eliminar beneficios como el famoso haber de retiro que les permite regalarse varios millones de pesos cuando dejan el cargo.Jamás, hasta donde se sabe, los dirigentes de los partidos y miembros influyentes de la clase política han admitido abiertamente que los nombramientos en el Supremo Tribunal de Justicia, en los juzgados y en el resto de los tribunales, estaban previamente asignados para los partidos políticos. Este nombramiento era para el PRI, el siguiente para el PAN, después el PRD y así, sucesivamente.También eso quedaría eliminado, supuestamente, con la reforma constitucional ya referida.¿Por qué los diputados de Morena votaron en contra? En sus argumentaciones subrayaron que se trataba de una reforma fingida, que no tendría aplicación porque los afectados impugnarían. Tuvieron, como dice el dicho, boca de profeta.La semana pasada (5 de julio), el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Ricardo Suro, anunció -eso sí, con tono comedido y modales impecables- que magistrados y jueces están inconformes con la reforma. No dijo quiénes ni cuántos. Anticipó que en cuanto sea publicada en el Periódico Oficial de Jalisco, presentarán una controversia constitucional para eliminar su aplicación. La ley les concede plazo de un mes para hacerlo.¿Entonces por qué el tono festivo de los diputados que aprobaron la reforma, en especial los que forman parte de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC)? ¿Por qué también el regocijo del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien además es designado directo del Presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción en los poderes judiciales estatales del país?El coordinador de los diputados de MC, Salvador Caro Cabrera, lanzó ayer un ultimátum público para que el Supremo Tribunal presente su contrapropuesta de reforma. Nadie lo toma en cuenta.Y es difícil hacerlo porque los diputados no han hecho siquiera el esfuerzo de impulsar su propuesta en los municipios: al hacerse una reforma a la Constitución del Estado, al menos la mitad más uno de los ayuntamientos deben aprobarla para que ésta sea válida. Resulta que apenas 30 de los 125 municipios han realizado el trámite, y se necesitan 63 aprobaciones. Claro que al vencerse el plazo de un mes, al no enviar respuesta automáticamente se toma como afirmativa, pero no es así como se promueve una reforma que pretende meter en cintura al Poder Judicial.En vista de que seguramente habrá una controversia constitucional y ésta apunta a ser ganada por jueces y magistrados, pueden entenderse dos razones de fondo: o los diputados se lanzaron a una reforma sin conocimiento, o ya sabían que estaba destinada al fracaso y vendieron, otra vez, gato por liebre.
