Lunes, 17 de Febrero 2020
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Reforma Judicial a la Corte

Por: Jaime Barrera

Reforma Judicial a la Corte

Reforma Judicial a la Corte

Cuando el 2 de octubre pasado 18 magistrados, incluido el presidente del Poder Judicial de Jalisco, y del Consejo de la Judicatura, Ricardo Suro, revocaron el acuerdo del pleno del Supremo Tribunal del 9 de julio, que instruía interponer una controversia constitucional para combatir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación las reformas al Poder Judicial promulgadas en septiembre, en el Poder Ejecutivo que las promovió y en el Poder Legislativo donde se aprobaron festinaron la decisión que eliminaba lo que parecía el mayor obstáculo para implementar a la brevedad los cambios, entre los que destacan la eliminación del haber de retiro, la aplicación de exámenes de control y confianza y la intervención de árbitros externos para la elección de los nuevos jueces y magistrados.

Aunque desde fuera y dentro del Poder Judicial se tenían previstos escenarios de demandas de juicios de amparo tramitadas en lo individual por los miembros del STJ que estaban a favor de la controversia y que recriminan aún a su presidente haber incumplido con ese mandato del pleno, como ocurrió el mismo 2 de octubre que un juzgador local inicio un litigio ante el juez Décimo Quinto de Distrito en materia Administrativa, Civil y del Trabajo, nunca contemplaron que otro juez federal, el Décimo Cuarto de Distrito, cerrara el camino a la Reforma, al no sólo otorgar una suspensión provisional al magistrado Celso Rodríguez, quien dirigió el STJ casi una década, sino ordenar al Congreso no realizar la designación del director del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Poder Judicial en tanto no se resuelva la queja y la suspensión. Con este fallo, a todas luces excedido por parte del juzgador federal, se congelan momentáneamente los efectos del decreto que reformó la Constitución del Estado y el acuerdo que modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Estos fallos irritaron y tensaron gravemente la relación de los jueces y magistrados opositores a la reforma judicial, con los representantes del Poder Legislativo y Judicial, al grado que en los últimos dos días el gobernador Enrique Alfaro los ha llamado “pillos e inmorales” y en el Congreso denunciarán por colusión al Magistrado Celso y al juzgador federal que frenó momentáneamente la reforma.

El caso es que estos contratiempos legales, que bien pueden vencerse a la brevedad, no son los únicos. Hay otro que sí podría significar retrasar por un largo periodo la entrada en vigor de la Reforma Judicial. Se trata de la Demanda de acción de inconstitucionalidad que promovió en contra de algunos de los términos de la reforma judicial la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante Ministras y Ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que obligarían a la revisión total de la reforma, con lo que en los hechos se estaría haciendo realidad la controversia constitucional que ya se creía superada.

jbarrera4r@gmail.com

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