El primero de septiembre la justicia en México alcanzó un hito: los juzgadores electos en la primera elección judicial de nuestra historia asumieron sus funciones.Un proceso criticado tanto en su concepción como ejecución, que coloca a la nueva judicatura bajo un halo de desconfianza y, sobre todo, de ilegitimidad, lo que resulta paradójico al provenir de una “elección popular”.Sin embargo, lo hecho, hecho está. Debemos asumir que estamos frente a un cambio de paradigma judicial que solo podrá evaluarse desde sus sentencias.Entre los asuntos heredados por los ministros de la Suprema Corte destaca el expediente 49/2021, en el que se plantea eliminar la prisión preventiva oficiosa (PPO) del marco constitucional.La PPO obliga a los jueces a detener automáticamente a personas que enfrenan un proceso penal cuando se trata de delitos graves. En la práctica ha provocado que miles de personas pasen años, incluso décadas, encarceladas aun sin sentencia, muchas de ellas inocentes.Basta recordar a Israel Vallarta, detenido tras un montaje televisivo, o a Brenda Quevedo, Juana Hilda González y el resto de las víctimas del llamado Caso Wallace.Aunque suene técnico, la discusión es elemental: decidirá si el Estado puede seguir encarcelando a personas acusadas de delitos graves sin analizar cada caso.Ojo, aclaro que la eliminación de la PPO no implica la desaparición de la prisión preventiva, sino únicamente que perderá el apellido de “oficiosa”, es decir, obligará a los jueces a que, previo a la privación de la libertad de las personas, se les escuche y se determine si existe riesgo de fuga o peligro para la víctima o para el proceso.El debate que se intensificó tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez vs. México, que recientemente condenó a nuestro país por mantener esta figura que es incompatible con los derechos humanos y ordenó adecuar su marco legal.Conviene recordar que los últimos gobiernos no solo defendieron la PPO, sino que incluso ampliaron el catálogo de delitos graves a supuestos como la defraudación fiscal o corrupción, lo que abre las puertas a utilizarse como vía rápida de persecución política.Esta sentencia será un primer gran examen de nuestra nueva Corte. No obstante, el panorama no es alentador. El caso será analizado por los nuevos integrantes de la Corte a petición del Poder Ejecutivo, lo que siembra dudas sobre su independencia e imparcialidad.Desafortunadamente, la reforma en materia judicial crea incentivos perversos para que los nuevos juzgadores se asuman como falsos paladines de la justicia, guiados más por el clamor social y la complacencia de las estructuras del poder, que por la Constitución.El reto es enorme. Ojalá los nuevos ministros estén a la altura, pues la legitimidad de la judicatura no se medirá en votos, ni likes, sino en la coherencia e integridad de sus resoluciones.No podemos admitir una sentencia en la que se sostenga el populismo punitivo promovido desde el régimen. Tengámoslo presente, más gente en la cárcel, no necesariamente equivale a justicia.Parafraseando la fórmula de Gustav Radbruch: el derecho, cuando es excesivamente injusto, deja de ser derecho.
