Jueves, 28 de Marzo 2024

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Policías en desapariciones forzadas

Por: Rubén Martín

Policías en desapariciones forzadas

Policías en desapariciones forzadas

Es una historia en extremo dolorosa y terrible. Tener un desaparecido es uno de los mayores dolores para una familia. Ahora imaginemos si los desaparecidos en una sola familia son cinco. Esto le ocurrió a la familia Castellanos que tiene una hermana y cuatro hermanos sin que se conozca su paradero.

Esta tragedia comenzó el 6 de junio de 2016, cuando Lucero Ávalos Camarena, de 26 años, fue vista por última vez en un tramo de la carretera Chapala y Periférico Sur en Tonalá. Según la ficha con los datos de su desaparición difundida por el colectivo Por Amor a Ellxs, dos sujetos a bordo de una camioneta gris Mitsubishi subieron a Lucero al vehículo y desde entonces no se sabe nada de ella. 

La tragedia pegó nuevamente a esta familia el 19 de diciembre de 2019 con la desaparición de cuatro hermanos cuando se  dirigían a Ocotlán a visitar a una prima en una camioneta Caravan 2003. Desde esa fecha no se sabe nada de José de Jesús Martínez Camarena, de 40 años, quien tenía un puesto de hamburguesas; Ernesto Padilla Camarena, de 38 años, se dedicaba a las artesanías; Tonatiuh Ávalos Camarena, de 28 años, era repartidor; y Osvaldo Javier Ávalos Camarena, de 24 años, era fisicoculturista (crónica de Ignacio Pérez Vega: https://bit.ly/30Qfrlb). 

Los avances de la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, y de las Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas han sido pocos para la familia. Comprensiblemente muestran su desesperación, a grado tal que la madre de estos cinco desaparecidos grabó un video el primero de mayo pasado, dirigido a Nemesio Oceguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación (CNG), para pedirle y encontrar a sus hijos.

Mayra Elizabeth Ávalos Camarena, hermana de los cinco desaparecidos, dijo que el mensaje a “El Mencho” puede ser una medida desesperada, pero lo hacen porque las autoridades no les han dado respuestas. Ya antes habían enviado un telegrama al Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Por si fuera poco la tragedia que envuelve a esta familia, ellos aseguran que en la desaparición de los cuatro hermanos en diciembre pasado, participaron directamente policías municipales de Ocotlán. “Nosotros le pedimos al gobierno que nos haga caso, porque ellos saben que mis cuatro hermanos fueron desaparecidos por los propios elementos de ellos en Ocotlán, y ya están todas las pruebas y nos han rechazado la primera orden de aprehensión. En agosto quedaron de sacar la resolución y no ha hecho nada el Gobierno”, explicó la hermana que hizo de vocera en la manifestación del pasado domingo. 

Todos los casos merecen la intervención de las comisiones de derechos humanos, tanto local como nacional.

Lamentablemente, no es la primera vez que familiares denuncian que policías municipales están involucrados en las desapariciones forzadas. Ocurrió apenas en junio pasado cuando se denunció una oleada de jóvenes desaparecidos en Chapala, de los cuales ocho fueron rescatados de una finca. Las familias acusaron en ese momento que los mismos policías municipales entregaban los jóvenes a criminales (https://bit.ly/3kDkptp). 

Una denuncia semejante realizaron familias de El Salto, quienes reportaron decenas de desapariciones en ese municipio en meses recientes y también reportaron la participación de policías municipales en los operativos en los que se privaba de la libertad a los jóvenes.

Además de las denuncias presentadas este año, en abril de 2019, durante una protesta frente a Casa Jalisco, madres de familia de San Miguel El Alto, reportaron decenas de desapariciones en semanas recientes y acusaron también la complicidad de las policías municipales.

A estos casos hay que sumar las acusaciones contra policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, de Autlán y caso de tortura de fuerzas de seguridad de Poncitlán. 

Y esta semana se dio a conocer la privación de la libertad cometida contra un comerciante en Tonalá, por un grupo de hombres armados que se presentó como parte de la Fiscalía, según testimonio de sus familiares. La Fiscalía del Estado ha negado que miembros de este cuerpo hubieran participado.

Todos los casos reseñados son extremadamente graves que merecen investigaciones de oficio y también la intervención de las comisiones de derechos humanos, tanto local como nacional. 

Y desde la sociedad debemos acompañar las familias movilizadas que presentan estas denuncias tan graves para impedir que las fuerzas de seguridad cometan impunemente desapariciones forzadas. 

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