Transformar el Poder Judicial es quizá el reto más importante del estado. Siempre se piensa que dicha transformación es una tarea del gobernador en turno, o que se trata simplemente de que el Congreso apruebe nuevas leyes y reglamentos y ese es el principal error que hemos cometido. La paradoja estriba en que si bien es cierto que ninguna transformación podrá hacerse sin el consenso del propio Poder Judicial, también está claro que sin la presión que viene de fuera ningún poder tiene el impulso del cambio. Son muchos los jueces y magistrados conscientes de que el Poder Judicial debe cambiar, pues en muchos casos ellos mismos son víctimas de la corrupción que los rodea. Otros, sin duda, se benefician de la corrupción y apelarán a la autonomía para no cambiar el estatus quo que les permite vivir del cochupo.La declaración del diputado Enrique Velázquez, quien, a propósito de los cambios al Poder Judicial recién aprobados en el Congreso, dijo que era una reforma que probablemente nunca veríamos aplicada, pone sobre la mesa el problema político en el que estamos metidos.Claramente se trata de una reforma que no tuvo el consenso del Poder Judicial, pero sobre todo que se hizo para la tribuna, para buscar el aplauso del público, no la transformación de una realidad. El famoso haber de retiro o liquidación a los que tienen derecho los magistrados del Poder Judicial nos puede parecer, a simple vista, injusta, abusiva, desmesurada y cualquier otro adjetivo que se le quiera poner, tiene una razón de ser, y sobre todo está muy lejos de ser el problema más importante. Centrar las discusiones en ello impide ver y resolver los problemas de fondo.La verdadera reforma al Poder Judicial tendrá que surgir de un gran acuerdo entre los poderes y los organismos de la sociedad civil que participan y están involucrados, pero sobre todo de quienes desde dentro quieren ese cambio. Nadie sabe mejor qué le duele, qué no funciona y sobre todo cuál es la trama de intereses al interior de este poder que los magistrados, jueces, secretarios que lo padecen todos los días. Echarle luz al Poder Judicial desde la sociedad civil y los medios ayudará sin duda a que salgan las ratas y a que se sientan vigiladas. Pero antes que eso hay que escuchar tanto a los impartidores de justicia como a los usuarios, a los que padecen todos los días una justicia inoperante.Si queremos resolver el problema tenemos que verlo completo. La administración de justicia comienza en el Ejecutivo (Policías municipales, Policía Ministerial, Fiscalía) y termina en el Judicial, pero atados siempre a las decisiones del Legislativo. O vamos todos juntos y con un verdadero impulso desde dentro del Judicial o lo que tendremos son nuevas leyes, pero ninguna reforma. (diego.petersen@informador.com.mx)
