La semana pasada el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Ricardo Suro Esteves, aseguró que siguen en la integración del informe que pidió el Congreso del Estado por las dos cuestionadas resoluciones de jueces y magistrados que dieron la liberación anticipada a un hombre que estaba sentenciado a 38 años de cárcel acusado de feminicidio, y por la revocación de la sentencia de otro detenido que había confesado ser el asesino de su pareja.Esta petición vino luego de que organizaciones feministas denunciaron irregularidades en los procesos y en las sentencias que liberaron a los culpables del homicidio de Heidi Jurado y Yolanda Palomar Bonilla.El reclamo es que ven una grave tendencia de casos de juzgadores que están impartiendo justicia contra toda perspectiva de género, y dejando en libertad a agresores y asesinos de mujeres, factor en contra que agrava el problema de los feminicidios y la violencia contra las mujeres, al sumarse a las fallas institucionales del gobierno federal, y de las autoridades estatales y municipales para implementar debidamente las alertas de género y hacer efectivas las órdenes de protección.Estos casos despertaron sospechas desde que las revocaciones de sentencias y las posteriores liberaciones de los inculpados se tomaron el año pasado justo el último día laboral y cuando al otro día se irían de vacaciones de fin de año. Una especie de sabadazo para buscar que el asueto y el bullicio de las festividades de fin de año distrajera la atención de estos dos asuntos.Pese a esta petición expresa del Poder Legislativo para analizar en el Congreso local los detalles, los razonamientos y argumentaciones jurídicos de jueces y magistrados para autorizar estas liberaciones, en el Consejo de la Judicatura, cuya obligación es vigilar el trabajo de los juzgadores y sancionar conductas irregulares, descartaron entrar a investigar estos expedientes con el argumento de que nadie había acudido a hacer la denuncia correspondiente.Esta postura de indiferencia ante el creciente e imparable problema de los feminicidios que los debería obligar a abordar los casos por oficio e iniciativa institucional, golpeó una vez más la casi nula credibilidad en este órgano que nunca ha cumplido su papel de limpiar la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial, sino que se ha convertido en otra fuente de abusos y opacidades.La falta de rigor de la Judicatura, que raya en la complicidad y la negligencia, quedó evidenciada también el año pasado, con el caso de violación a la libertad de expresión, que sufrió el periodista Pedro Mellado de parte de jueces y magistrados locales, que le dieron la razón al político Enrique Aubry que lo había acusado de difamación, hasta que la justicia federal los tuvo que corregir. El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción pidió por escrito una investigación al Poder Judicial por este tema, que hasta ahora, casi nueve meses después, no se ha realizado y los juzgadores siguen impunes.Por eso esperemos que ahora si el Poder Judicial inicie el año con una buena, y antes de que concluya esta semana el primer mes del 2020 presente un informe imparcial y que examine a fondo el proceder jurídico en estos dos casos de feminicidios. Veremos. jbarrera4r@gmail.com
