La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a mandar ayer una buena señal de independencia que consolida al Poder Judicial como el uno de los reductos y contrapesos de un Poder Ejecutivo que se resiste a ellos y que ha buscado debilitarlos por todas las vías desde el inicio de su gestión hace casi tres años.La mayoría de los ministros, incluido su presidente Arturo Zaldívar, decidieron no apoyar el proyecto del ministro José Fernando Franco González Salas que proponía rechazar los argumentos de inconstitucionalidad que promovieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y senadores de oposición para invalidar la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal y por la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos.Como era de esperarse, las dos ministras que fueron propuestas del gobierno de la autollamada cuarta transformación para llegar a la SCJN, Margarita Ríos Farjat (quien además fue la titular del Servicio de Administración Tributaria en la actual administración federal) y Yasmín Esquivel Mossa votaron a favor del proyecto de Franco González Salas que defendía la prisión preventiva por defraudación fiscal y facturación falsa como lo dictó el gobierno lópezobradorista.El ministro y estas dos ministras buscaban así preservar las reformas promovidas por la 4T y aprobadas por la aplanadora morenista y sus aliados sin moverles, como le gusta al Presidente, una coma en noviembre del 2019, con lo que adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal. Con los cambios a estas cinco leyes se pretendía prisión obligatoria a quienes mintieran en sus declaraciones fiscales o emitieran comprobantes fiscales apócrifos por añadirlos al catálogo de los delitos graves sin derecho a fianza.Así, a casi dos años de que la SCJN inició el estudio de constitucionalidad, el ministro presidente Zaldívar y sus colegas Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Norma Lucía Pila y Alberto Pérez Dayán coincidieron con las múltiples voces y los argumentos de la CNDH y senadores opositores que era excesivo considerar los delitos fiscales como una amenaza a la seguridad nacional, y que más bien representaba un grave riesgo para que se diera el terrorismo fiscal, incluso con fines políticos e intimidatorios para adversarios y opositores al gobierno.El que la Corte haya declarado inválidas por inconstitucionales las reformas a esas cinco Leyes seguro no cayó nada bien en Palacio Nacional y eso seguramente lo confirmaremos hoy en la mañanera presidencial. Pero sin duda este nuevo deslinde de la Corte a la 4T es una buena noticia para el país. jbarrera4r@gmail.com
