Domingo, 20 de Septiembre 2020
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Ni la Corte ayudó a mejorar intervenciones policiales

Por: Jaime Barrera

Ni la Corte ayudó a mejorar intervenciones policiales

Ni la Corte ayudó a mejorar intervenciones policiales

Tal vez para no meterse en más embrollos en un tema clave pero incómodo, en su momento, ni el Gobierno del Estado ni el Ayuntamiento de Tlaquepaque revelaron el desenlace de la controversia constitucional que presentó el municipio contra el acuerdo del entonces gobernador Aristóteles Sandoval de intervenir a su Policía el domingo 11 de marzo de 2018 por presumir una grave infiltración delincuencial en esa corporación, como sucedió la semana pasada en Jalostotitlán y Poncitlán.

Pese a que ciertamente en ese primer trienio de la emecista María Elena Limón, uniformados de Tlaquepaque tuvieron que enfrentar diversos episodios de violencia como la aparición de una camioneta cargada de ocho cadáveres que ligaron a otros asesinatos como el múltiple homicidio ocurrido semanas antes en un restaurante de mariscos en ese municipio, y que no sólo la Fiscalía, sino también corporaciones federales como la PGR, el Cisen e inteligencia militar consideraban que en la disputa por la plaza que protagonizaban narcomenudistas en Tlaquepaque en ese tiempo, la Policía local, que ya había cambiado cuatro veces de comisario, nada había hecho para detener a los responsables y parar las masacres, la alcaldesa naranja, en ese momento ya candidata a la reeleción, consideró que la intervención de su Policía tenía claros tintes políticos y llevó su inconformidad hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

El entonces ministro y hoy presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, aceptó el caso en el folio 92/2018 del Poder Judicial y el Oficio 3477/2018, donde expuso que si bien no otorgaba la suspensión reclamada de este acto por el gobierno de Tlaquepaque, emplazaba al Gobierno estatal a que en 30 días explicara las motivaciones y resultados de la intervención, para hacer la evaluación definitiva de esta controversia constitucional.

Aquel litigio abrió una gran expectativa de que al fin se tuviera la posibilidad de transparentar y normalizar criterios de las siempre opacas intervenciones policiales de las que luego nadie sabe nada de lo ocurrido, no hay sancionados, ni detenciones de los líderes de los grupos delincuenciales infiltrados. 

Lamentablemente esa expectativa no se cumplió tal vez porque el ministro Zaldívar tuvo que dejar el caso a Luis María Aguilar cuando lo eligieron presidente de la Corte. El caso es que nunca se fue al fondo del asunto, el Gobierno estatal contestó sólo las argumentaciones legales de su facultad para intervenir pero no las motivaciones, la Corte se conformó con eso, y se concluyó el 13 de febrero de 2019, simplemente con el fallo de que era “procedente pero infundada la controversia de Tlaquepaque”. Oportunidad perdida para mejorar estas operaciones que hasta hoy han sido estériles para fortalecer a las débiles policías municipales que son el blanco favorito y más eficiente para que la delincuencia organizada asuma el control de los territorios en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos que cada día tienen más temor de ser víctimas de la violencia y la inseguridad que generan, ante la ineficiencia de los gobiernos por profesionalizar sus cuerpos policiales.
 

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