El hecho de que Jalisco se mantenga entre las entidades con menos fallecimientos y casos confirmados de coronavirus es una prueba irrefutable de que la estrategia para enfrentar la pandemia por parte del gobierno estatal ha sido la acertada hasta el momento, nos guste o no el estilo y tono personal del gobernador Enrique Alfaro de resaltar permanentemente estos logros y criticar de insuficientes las acciones del gobierno federal ante la contingencia sanitaria.Lo cierto es que de la mano de los científicos de la Universidad de Guadalajara (cuyo rector general Ricardo Villanueva tuvo que salir a pedir el domingo que ningún partido político debe buscar capitalizar el manejo de la emergencia, luego de que el partido Movimiento Ciudadano festejara en redes la contención lograda en su propaganda partidista, que finalmente retiraron), el gobierno alfarista se ha sabido poner un paso adelante en la toma de decisiones como la suspensión de clases y eventos masivos; los llamados al aislamiento y distanciamiento social: el diseño de programas de apoyo para los y las que se vieron afectadas en sus trabajos o micro y pequeñas empresas por el confinamiento; el plan de reconversión hospitalaria para la atención de los contagiados; y el programa de atención psicológica y mental para las familias confinadas presentado apenas ayer.Luego de dejar atrás un rijoso y no superado debate de aplicación de las pruebas rápidas con el gobierno de la 4T, y en particular con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell al que el gobernador le sigue reprochando querer maquillar cifras, Jalisco se puso también al frente en la búsqueda de casos asintomáticos del COVID-19 con la realización de pruebas de laboratorio, inicialmente 12 mil, para tratar de ubicar también a los más de ocho casos de portadores de este nuevo virus que se calcula hay por cada caso confirmado y que están propagando los contagios.En el afán de mantenerse en esta ruta de liderazgo, que sin duda le ha hecho recuperar aprobación y proyección nacional, Alfaro decretó el uso obligado de cubrebocas y también la imposición de multas y arrestos para quien incumpla el aislamiento social.La medida dividió opiniones. Desde los que coincidieron con el mandatario estatal, de que la medida era indispensable luego de la relajación que se vio en la Semana Santa y Pascua, hasta los que vieron esa medida como un exceso autoritario.Además de aclarar las dudas que hay en la población de sus alcances, el gobierno estatal deberá ser muy cuidadoso en su implementación, ya que aunque la tarea de supervisión y sancionadora la dejó a los municipios, se podría incurrir en violación a los derechos humanos e incluso en invasión de facultados, ya que según el Artículo 29 constitucional, la suspensión de garantías individuales, como es el libre tránsito, sólo la puede decretar el gobierno federal, previo la aprobación previa del Congreso. Hay, pues, riesgo de tropiezo por querer correr de más.jbarrera4r@gmail.com
