La masacre en la Colonia La Jauja de Tonalá del pasado sábado es una gran tragedia y una muestra de cómo normalizamos la violencia. Un menor y diez adultos que esperaban cobrar su sueldo semanal como trabajadores de la construcción, cobrar su raya, fueron asesinados inmisericordemente. Un grupo armado los acribilló a mansalva. Los obreros cayeron víctimas de la violencia desmedida que confirma que en México hay una guerra que, para variar, se ensaña más con los más pobres.En apenas dos meses de este año, en Jalisco se han cometido varias masacres y asesinatos masivos, tantas que parecen ya no conmover o impactar. Pero debería. Una masacre de esta magnitud habría paralizado cualquier país europeo e incluso habrían concitado la solidaridad trasnacional. Gestos de condolencia y solidaridad semejantes deberían mover a la sociedad de Jalisco para reflexionar sobre esta fase de violencia organizada que proviene de los grupos armados tanto legales como ilegales. Pero en lugar de hacer lo que se les paga por hacer, la clase gobernante utiliza las muertes y violencia desmedida como medio para dirimir sus diferencias. De modo incomprensible el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez se desentiende de su responsabilidad y sin tener avances consistentes en las investigaciones asume que la masacre fue propiciada por el crimen organizado y por lo tanto la responsabilidad le corresponde al gobierno federal. Todo con el propósito de no dañar la imagen del gobierno estatal y su discurso de que lo están haciendo bien bajando los delitos que corresponden al fuero estatal.¿Pero de qué le sirve ese discurso del gobernador a los hijos, esposas y madres de los asesinados en la colonia La Jauja? ¿De qué le sirve este mensaje de supuesta mejoría de indicadores de seguridad a las madres que tienen desaparecidos o que, con suerte, encontrarán a su hijo en una fosa clandestina? La masacre de la Colonia La Jauja y otros asesinatos masivos ocurridos en Jalisco en las últimas semanas es una confirmación más de que la supuesta guerra contra el crimen organizado y contra las bandas armadas privadas es una falacia.Desde el gobierno de Felipe Calderón se intenta hacer creer a la sociedad mexicana que el crimen organizado (los “malos”) se ha hecho más fuerte, tiene más recursos y más armamento para imponer su dominio sobre territorios que necesitan controlar para realizar sus negocios. El complemento de este discurso es que el Estado y sus fuerzas armadas (los “buenos”) han sido rebasados por los primeros. La falacia de este discurso es que no hay ni buenos ni malos, ni ellos y nosotros. Se dicen que son gobiernos rebasados ante la violencia del crimen organizado cuando la realidad es que no puede existir la operación de los grandes negocios de estas organizaciones ilegales sin la complacencia y protección de partes del aparato de Estado: policías, jueces, militares, ministerios públicos, alcaldes, gobernadores y altos funcionarios del aparato estatal.Así la violencia no es sólo por bandas de sicarios que superan a las fuerzas del orden. La violencia ocurre porque hay un Estado que no la combate por negligencia y complacencia. Es una violencia asociada a esta fase de capitalismo por desposesión donde la guerra se convierte en una herramienta y un medio para acumular capital, para realizar ganancias en algunos de los negocios más lucrativos, como son el tráfico de drogas, personas y armas y donde participan organizaciones criminales ilegales, pero también empresas y bancos que lavan dinero y cuyo entramado funciona gracias a poderes públicos y fuerzas armadas que solapan, encubren y se benefician de esta gran negocio del capitalismo ilegal. Ante la complicidad de clase gobernante y criminales, desde la sociedad se debe hacer lo necesario para parar esta guerra que nos sangra. Nadie debería desaparecer, nadie debe ser encontrado en una fosa, nadie debería morir en la raya.rubenmartinmartin@gmail.com / @rmartinmar
