Hace una década que empezó a crecer día a día el dolor de familias que buscan a un desaparecido. Según cifras de la propia Fiscalía General del Estado, hasta septiembre del año pasado había seis mil 850 personas desaparecidas en Jalisco, prácticamente el doble de lo que reconoce el registro de la Secretaría de Gobernación.Junto al aumento sistemático de familias buscando a sus desaparecidos, la violencia organizada que se padece en el Estado y la incompetencia y negligencia de las autoridades fueron haciendo crecer otra cifra: el número de cuerpos de personas no identificadas que fueron incinerados por los servicios forenses. Desde 2006 el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) incineró mil 581 cuerpos, según denunció el 30 de enero el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) durante la presentación de un informe en la Ciudad de México.El cruce de ambos fenómenos, número de desaparecidos y de cuerpos incinerados, nos habla de una tragedia mayúscula y además imperdonable, porque es una tragedia que pudo haberse evitado.La tragedia es que mientras crecía el número de desaparecidos, las autoridades estatales fueron incinerando cuerpos no identificados sin hacer lo necesario para que los familiares los identificaran o hacer lo necesario en términos forenses para preservar los restos. Se trata de graves delitos, como apuntó el Cepad en la presentación del informe “Incineraciones de cuerpos no identificados: Crímenes sin justicia”, en el que pide la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, para que por su conducto se solicite un “proceso de justicia y verdad” con la participación del Comité contra la Desaparición Forzada, el Grupo de trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos y el Relator Especial sobre la Tortura de la ONU.La incineración de cuerpos en Jalisco es un “crimen sin justicia” como apunta el informe de Cepad, y tiene responsables que podrían ser juzgados en instancias internacionales. Según esta organización, la incineración de mil 581 cuerpos ocurrió “con la autorización y responsabilidad de las autoridades estatales como” la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Registro Civil, Secretaría de Salud, Ayuntamiento de Guadalajara, Secretaría General de Gobierno, y el gobernador de Jalisco, y además considera que existió complicidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.En su informe, Cepad considera necesaria la intervención de instancias internacionales debido a que en Jalisco no se ha hecho justicia y no se puede esperar justicia de las mismas autoridades responsables de cometer esos “crímenes”.“La incineración de cuerpos fuera del marco normativo internacional y doméstico, y ante la falta de información por parte las autoridades del Estado, hace necesario el desarrollo de una debida investigación que dé cuenta de la plena identificación de cuerpos y las causas de muerte”.Es un caso tan grave que es de esperarse que todas las instancias de derechos humanos de la ONU puedan estar investigando las irregularidades e irresponsabilidades estatales en la procuración de justicia para las familias que buscan desaparecidos y a las familias a quienes ya les fue negado el reconocimiento de sus hijos debido a que el propio Estado los convirtió en cenizas. El informe de Cepad se puede consultar en este link: INCINERACIONES DE CUERPOS NO IDENTIFICADOS EN JALISCO, Crímenes Sin Justicia
