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Martes, 18 de Junio 2019
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Los poderes públicos y los desaparecidos

Por: Rubén Martín

Los poderes públicos y los desaparecidos

Los poderes públicos y los desaparecidos

A punto de terminar, 2018 cerrará con cifras históricas de asesinatos violentos, masacres, desapariciones y, seguramente, más fosas clandestinas y centros de exterminio. Estamos viviendo en el pico de la guerra.
Este pico de la guerra terminará con una cifra casi semejante de asesinatos violentos y número de personas desaparecidas: más de dos mil en cada caso. 2018 terminará como el año con personas desaparecidas en la historia de la Entidad.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, solicitados por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), entre enero y septiembre de este año se presentaron tres mil 258 denuncias de personas desaparecidas (dos mil 330 hombres y 928 mujeres), de las cuales mil 949 siguen sin aparecer. Esto significa que 71.5% de las personas reportadas como desaparecidas no fueron localizadas. Es una tasa altísima, puesto que años atrás, aparecían hasta siete de cada 10 personas reportadas desaparecidas. Las cifras dadas a conocer por Cepad son hasta septiembre de este año, por lo que de seguir la misma tendencia podrían sumarse otras 650 personas ausentes, llegando a una cifra histórica de más de dos mil 600 casos en un año.

Hasta abril de 2018, las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, Jalisco tenía reportadas tres mil 362 personas desaparecidas, lo que lo colocaba en el tercer lugar nacional.

No obstante, este registro está incompleto como han denunciado los colectivos Por Amor a Ellxs y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, y por respuesta a solicitudes de transparencia dadas a conocer por compañeros periodistas.

El informe de Cepad, “Proceso de Creación e Implementación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas ¿el camino hacia la Verdad y la Justicia?”, esta asociación civil registraba un total de seis mil 850 personas desaparecidas desde el inicio de la supuesta guerra contra el crimen organizado en enero de 2007 hasta septiembre de 2018. De confirmarse esta cifra, Jalisco se encontraría entre los primeros lugares de las entidades con más desaparecidos.

¿Y cómo han reaccionado los poderes públicos? Con abulia, pasividad y hasta irresponsabilidad. Si bien en el anterior Gobierno se crearon la Fiscalía Especializada para Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión Estatal de Búsqueda, estas instancias no tienen los recursos humanos, tecnológicos y financieros para dar respuesta a un desafío de tal gravedad y magnitud como el fenómeno de las desapariciones en Jalisco.

Y los gobernantes siguen sin entender o dar muestras de que tomaron conciencia del reto de las desapariciones.  El colectivo Por Amor a Ellxs y otras agrupaciones civiles denunciaron que los diputados locales apenas destinaron 33 millones de pesos a la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas cuando las familias piden al menos 100 millones de pesos para esta instancia.

Todavía en el Gobierno local se destina más dinero para recuperar propiedades privadas (un auto, un celular o una vaca) que a las personas desaparecidas. Es insostenible e indigno que se siga priorizando la recuperación de objetos que de las personas desaparecidas. Las prioridades deben cambiar. Los poderes públicos deben dar respuesta a las exigencias de las familias que buscan a sus desaparecidos.

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