Las autoridades federales han decidido actuar ante el crecimiento de las operaciones ilícitas en torno a Pemex. Desde hace muchos años es un secreto a voces que en la producción y distribución de combustibles se habrían producido redes ilegales. Es probable que la información que las autoridades poseen ahora sobre el alcance de las operaciones ponga en evidencia que se trata ahora de un desafío de las organizaciones criminales a una de las instituciones esenciales del Estado mexicano. Con tres mil millones de dólares al año es posible organizar una estructura de poder paralelo en muchas regiones. El origen de esta suma está en la sustracción ilegal de combustibles en los puertos, refinerías, ductos y centros de distribución de Pemex.Es probable que existan instalaciones paralelas y sinfín de artilugios mecánicos que permiten los desvíos. Y es evidente que algunos colaboradores de la empresa, por voluntad propia o forzados habrían participado en mecanismos para permitir que estos mecanismos se produjeran a lo largo de los años.Estratégicamente se trata de una red de suministro paralelo que ahora las autoridades han decidido atacar; la columna vertebral está formada por los puertos en donde se recibe la gasolina importada, las refinerías en donde se produce localmente y los ductos por donde se envía; y finalmente los centros de distribución.El Gobierno decidió tomar control de estos puntos con el respaldo militar. Sin embargo los ductos constituían un cuello de botella vulnerable. Ante eso había que fortalecer un sistema de suministro paralelo para hacer que las decisiones logísticas de las autoridades no fueran vulnerables. Al decidir instrumentar una sistema de suministro paralelo a los ductos se ha producido una insuficiencia en el abasto que seguramente los afectados potencian.Es una decisión estratégicamente correcta, costosa, pero supone la mejor forma de revisar cuidadosamente el sistema de ductos, corregir los desvíos existentes y retomar el control del sistema de distribución. Los trastornos son evidentes y aún puede ser prematuro saber cuál será el alcance de la reacción de los intereses afectados.Las autoridades están aún expuestas a muchos imponderables, se pisa en un terreno desconocido y se afecta la vida cotidiana de millones de personas. La razón es justificada y según los estudios, la opinión pública respalda las medidas encaminadas a combatir el crimen que ahoga a la petrolera. En estas tareas la participación de las fuerzas armadas es imprescindible.De hecho, de cara al futuro inmediato, la lucha contra el crimen que a gran escala ha penetrado en las estructuras públicas y privadas requiere de la capacidad operativa militar. Las acciones emprendidas en Pemex muestran que los institutos armados, con el mando civil del Presidente pueden ser efectivas para conseguir los objetivos estratégicos que restauren la legalidad en muchos ámbitos en los que se ha perdido.Asegurar el control de la infraestructura estratégica de México es una tarea impostergable. El control en carreteras, puertos, vías férreas, centros de distribución y almacenamiento es estratégico y para ello será necesario el mando centralizado y la capacidad militar.La aprobación de un marco legal para su actuación, mediante la Guardia Nacional es indispensable. El mando civil del Presidente es incuestionable, la capacidad operativa militar es necesaria para combatir al crimen y retomar el control total de los nodos neurálgicos para la nación, como sus ductos, puertos, y vías de comunicación, amén de otras instituciones locales que dada su fragilidad han sido sometidas. Son asuntos de Estado superiores a cualquier disputa política que requieren de la responsabilidad de todos.
