Les contaré una historia real. Érase que se era un diputado. Y era un diputado naranja. Y era de la pasada legislatura local. Vamos a llamarlo Daniel. El 8 mayo de 2020, durante la pandemia, el Congreso de Jalisco aprobó el acuerdo 55/LXII/20 para reducir a la mitad el aguinaldo a legisladores, secretario general, coordinadores y directores. Daniel, diputado entonces, votó a favor. Ese recurso solidario se destinaría, a petición del gobernador, para combatir la crisis sanitaria. El ahorro, calcularon los diputados, sería de unos cinco millones de pesos. Sin embargo, semanas o meses después, ese mismo 2020 -Daniel olvidó la fecha- nuestro entonces diputado interpuso una demanda para que le regresaran la mitad de su aguinaldo. ¿Falso espíritu de solidaridad? Veamos. Primero las cuentas claras. Un diputado en Jalisco gana 109 mil pesos mensuales. Como servidores públicos tienen derecho a 50 días de aguinaldo -un trabajador promedio sólo a 15-, por lo que el monto reclamado por Daniel ronda los 90 mil pesos. Los tiempos de la justicia en México son extraños. La demanda -dice Daniel- estuvo congelada dos años. Hasta que el 3 de febrero de 2022 el Congreso fue notificado de la querella. El Legislativo respondió que el acuerdo había sido aprobado por todos los diputados, incluido el demandante. El asunto salió a la luz pública apenas en diciembre pasado. En este momento, el juicio está en la etapa de desahogo de pruebas. Daniel es uno de los siete diputados emecistas que al acabar la pasada legislatura saltaron a la nómina estatal. Allí cobra como director en una secretaría 73 mil pesos mensuales. Desde entonces ha devengado un millón 161 mil pesos en salario. Si sumamos su periodo como diputado, en tres años de legislatura, sólo de dieta y aguinaldos, reportó ingresos de poco más de cuatro millones de pesos. ¿Por qué pelea 90 mil pesos? Que hable el aludido. La explicación -¿justificación?- es engorrosa. Daniel dice que luego de que los legisladores aprobaron la reducción del aguinaldo, se dieron cuenta que ese dinero, al salir de una partida para nómina, no podía gastarse en otra cosa que salarios. ¿Cómo es posible?, le pregunté a Daniel. Cualquiera sabe que, al ejercer el presupuesto, el dinero por ley sólo puede gastarse para lo que ha sido etiquetado. “No dio tiempo, no se pudo reorientar el recurso”, justificó Daniel. Sostiene que ese dinero simplemente se quedó como “ahorro” del Congreso de Jalisco. Por eso, al no destinarse a lo que originalmente se planeó, pidió que se lo devolvieran. De ser así surgen muchas preguntas. ¿En dónde acabó el dinero de los aguinaldos que donaron legisladores, diputados y directores? ¿Por qué nadie anticipó el escollo legal que implicaba “donarlo”? ¿Quién asesora a los diputados? ¿Cuánto dinero, durante la pandemia, simplemente se perdió en esa maraña burocrático-legal? Finalmente, tras nuestra breve conversación, le pregunté a Daniel qué quiere. Me respondió. Lo que quiere Daniel Robles de León, ex diputado emecista del Congreso de Jalisco, el mismo legislador que por medio de una carta enviada al gobernador solicitó la reasignación de 140 MDP del Museo de Ciencias Ambientales de la UdeG que detonó un conflicto político; lo que quiere el ahora director general de Desarrollo de Programas Sociales de la Secretaría de Asistencia Social, lo que en realidad quiere, dice, es desistirse de la demanda y renunciar a los 90 mil pesos porque a tres años, dice, ya cambió de opinión.
