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Miércoles, 15 de Agosto 2018

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Leyes de despojo, otra vuelta de tuerca

Por: Rubén Martín

Leyes de despojo, otra vuelta de tuerca

Leyes de despojo, otra vuelta de tuerca

Antes de terminar su mandato, en el peor de los desprestigios sociales para un presidente en años recientes, Enrique Peña Nieto pretende empujar dos leyes más que forman parte de la legislación de despojo que se ha aprobado durante su sexenio, y que se suman a las normas modificadas o creadas en México durante el periodo neoliberal. Las leyes con las que pretende terminar su sexenio Peña Nieto son la Ley General de Aguas que entregaría este bien común a entes privados prácticamente a perpetuidad, y una Ley General de Biodiversidad que abriría áreas protegidas a las explotaciones mineras y energéticas.

La era contemporánea de leyes de despojo (herederas de las leyes de individualización de la tierra del siglo XIX) comenzaron con las privatizaciones de empresas y bienes públicos en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, especialmente con la Ley Minera de junio de 1992 que declaró a la explotación de minerales como una actividad económica “preferente, sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”.

Este es el sentido esencial de las leyes de despojo: una legislación producida por los poderes públicos para beneficiar y proteger las distintas dinámicas de acumulación de capital amparadas por el Estado, antes de legislar y respetar las seculares actividades de reproducción comunitaria o cooperativa de la vida: agricultura, pesca, caza, comercio, y producción artesanal tradicionales.

Con la reforma al artículo 27 Constitucional que abrió paso a la privatización de la propiedad social de la tierra repartida después de la Revolución, Salinas abrió el ciclo de las modernas leyes de despojo. Además de los cambios constitucionales, modificó o creó cientos de leyes, reglamentos y normatividades favorables al capital privado, y atropellando el interés público o común.

Con distintas intensidades, esta legislación de despojo continuó en los gobiernos del priista Ernesto Zedillo y los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Basta recordar que tanto Fox como Calderón hicieron esfuerzos y lograron avanzar en la privatización de los recursos energéticos del país (petróleo, gas y electricidad).

Pero puede considerarse a Peña Nieto, junto con Carlos Salinas, como el padre de las leyes de despojo denominadas por él y la partidocracia que lo apoyó (PRI, PAN y PRD) como reformas estructurales. Peña Nieto promovió en sus primeros tres años once reformas que van desde la Laboral al comenzar su sexenio, hasta la electoral en 2016, pasando por la reforma energética que consiste en un paquete de seis leyes nuevas o modificadas para abrir paso al capital privado en actividades que antes eran exclusivas de empresas nacionales.

Las leyes generales de agua y biodiversidad que pretende aprobar el gobierno de Peña Nieto con legisladores que representan los intereses del capital interesado en privatizar esos bienes comunes (el diputado priista Ignacio Pichardo del grupo Atlacomulco en la primera y la senadora del PVEM, Ninfa Salinas, en la segunda), son consideradas la joya de la corona de las reformas estructurales, pues pretenden garantizar bienes esenciales para la vida, como el agua y la biodiversidad, al servicio de los negocios privados y la acumulación de capital más codiciosa. No debemos dejar que Peña Nieto, el gerente de los grandes capitalistas del país, se salga con la suya. Ya hizo mucho daño. Que no haga más.

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