El infierno que literalmente se vivió el viernes pasado en la comunidad de San Primitivo, en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde estalló una ordeña clandestina que hasta anoche había provocado la muerte de 85 personas y 58 hospitalizados, debe obligar a revisar los protocolos de seguridad de las autoridades que quedaron a todas luces rebasadas, antes y después de la tragedia.Como debe ser, pese a este doloroso episodio, la inédita cruzada contra el robo de combustibles que se enquistó por décadas en nuestro país debe continuar como ya lo expuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahora está obligado a que su Gobierno, además de resolver ya la peor crisis de desabasto de combustible, pueda controlar de mejor forma a las decenas de comunidades que viven del huachicoleo, como quedó claramente demostrado en las imágenes de centenas de hombres, mujeres y menores con bidones y recipientes varios robándose la gasolina del ducto pinchado horas antes de la explosión.Para lograr este objetivo, que evite que se repita una conflagración mortal como la de Tlahuelilpan, será necesario mucho más que el recorrido y las asambleas que iniciará mañana el Presidente por las comunidades aledañas al ducto Tuxpan-Azcapotzalco, para invitarlos a no exponerse a los riesgos físicos y jurídicos que implican las tomas clandestinas de los ductos de Pemex, y a cambiar lo que ganan con esta ilícita actividad por los apoyos que les dará con los programas sociales.Desde luego que las becas y apoyos para jóvenes y adultos mayores, entre otros, disuadirán a algunos, pero no lograrán erradicar la cultura de la ilegalidad que por años ha permeado en esas comunidades donde las mafias narco-huachicoleras han creado una enorme base social.Además de la prédica, el Gobierno federal, junto con las autoridades estatales y municipales, deben ajustar los procedimientos de acción para enfrentar casos como el del viernes que bien pudieran tratarse de familias azuzadas por bandas delincuenciales como respuesta a la cruzada antihuachicol de López Obrador.Si nadie debe estar por encima de la Ley, las autoridades están obligadas constitucionalmente a mantener el orden con el uso legal y legítimo de la fuerza pública. Incumplir con esta atribución legal, porque el Gobierno de la Cuarta Transformación no “reprime” ni “confronta” al pueblo bueno, aparte de ser un estímulo para que se repitan estos desafíos masivos a la autoridad, que quedó solamente como testigo del saqueo, abre la posibilidad de que este tipo de tragedias se repitan.Así como para evitar esta rapiña colectiva, los protocolos también deben ajustarse para lo que viene después de tragedias como la ocurrida en Hidalgo, para el control del siniestro y el cuidado de las víctimas. El uso de maquinaria al parecer de forma prematura sepultó cadáveres que luego fueron recuperados y provocó que ayer 200 pobladores de San Primitivo invadieran la zona acordonada y excavaran con palas y picos en busca de más víctimas.Son las lecciones de Tlahuelilpan en los tiempos de la guerra contra el huachicol. jbarrera4r@gmail.com
