Más allá de la apuesta central de la creación de una Guardia Nacional que planteó el futuro Gobierno de Andrés Manuel López Obrador la semana pasada, y que fue tomada con muchas reservas por parte de especialistas como revisamos ayer, el Plan Nacional de Paz y Seguridad contiene otros puntos que no han tenido tanta atención pero que son también claves para atender el primer reclamo social que es el de pacificar al país.Es alentador, por ejemplo, que de los nueve apartados que integran esta nueva estrategia el primero se haya dedicado al tema del combate a la corrupción. Aquí habrá que recordar que la última encuesta de percepción de la seguridad pública que levantó el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, reveló que para los tapatíos el origen de tanta violencia y actividad delictiva sin castigo era justamente la corrupción. En ese sentido, me parece un acierto que se proponga convertir en delito grave lo que tenga que ver con desvíos del erario, que se prohíban las adjudicaciones directas, que sea obligatoria la Ley 3 de 3 y en general consolidar al Sistema Nacional Anticorrupción, pese a la resistencia de AMLO de crear una Fiscalía Autónoma. En este punto, habrá que ver cómo se materializa la propuesta de reducir brechas salariales entre policías, ministerios públicos y jueces.Los apartados 2,3 y 4 que tienen que ver con mejorar temas de Empleo, Salud y Bienestar; Respeto a los Derechos Humanos; y Regeneración ética de la sociedad, describen cómo integrar, al menos en el papel, las políticas sociales que busquen abatir los drásticos niveles de desigualdad, que si ciertamente no es el único factor que provoca la delincuencia, sí genera condiciones para que muchos jóvenes se conviertan en peones y carne de cañón de los grupos mafiosos. El reto será lograr una verdadera articulación de políticas públicas que incidan en la recuperación del tejido social y la cultura de la legalidad, a la que se apostó en el Gobierno saliente con el Programa Nacional de Prevención al Delito (Pronapred) y que lejos de dar resultados se convirtió en un episodio más de corrupción.El quinto punto abre también la posibilidad de explorar un camino distinto en el combate a las drogas y al narcotráfico que ha significado una batalla perdida siempre para el Estado mexicano. Evolucionar de una política prohibicionista, que sólo ha disparado la espiral de violencia y el poder corruptor y de fuego del narco, a una estrategia de regulación de la producción y consumo de las drogas, empezando por la mariguana y la amapola, puede significar ahorros presupuestales e inclusive ingresos, con los que se podrían financiar políticas públicas preventivas para evitar las adicciones o dar una atención integral a los que las padecen. Mañana concluyo esta primera aproximación al Plan Nacional de Seguridad con los temas de la amnistía y la recuperación de las cárceles que también se plantean.
