Una de las estrategias más recurrentes, y torpes, de las autoridades es criminalizar a las víctimas. Lo hacen y lo han hecho todos los gobiernos, porque creen que así, al menos ante la opinión pública, se liberan de cualquier responsabilidad. Lo torpe estriaba en que sembrar la duda sobre la honorabilidad de la víctima no cambia ni la situación ni la responsabilidad del Estado frente a la comisión de un delito e invariablemente se termina revirtiendo. Pensémoslo así: si la mala fama fuera argumento suficiente para no tener derechos, los políticos no tendrían ninguno. No digo que todos sean criminales, por supuesto que no, pero la reputación del oficio no es la mejor.El caso de los italianos desaparecidos en Tecalitlán, al sur de Jalisco, es una muestra fehaciente de este tipo de reacciones torpes. Evidentemente que la situación migratoria y la actividad económica de los involucrados es parte fundamental de la investigación, hay que saber quiénes son y a qué se dedican, pero cuando eso se traduce en términos de comunicación en la pregunta, explícita o implícita, de “¿quién sabe en que andaban metidos?” lo único que demuestra es la debilidad del Estado frente a los grupos de crimen organizado.Si derivado de la investigación se determina que los señores tienen cuentas pendientes con la justicia y con migración, que los procesen, una vez que los encuentren. Pero la pregunta que importa en este momento no es a qué se dedicaban los italianos sino por qué la policía municipal en lugar de ayudar a encontrar al primer desaparecido entregó, aparentemente, a los otros dos al crimen organizado. Si los señores napolitanos vendían maquinaria pirata, como dicen las autoridades, debieron haber sido detenidos y presentados ante un juez, previa denuncia de los quejosos. Pero no, la policía trabajó para el crimen organizado. Esto es lo delicado y lo que nos afecta a todos.¿Cuántas policías municipales hay en la misma situación en el Estado? ¿Podemos o no confiar de las corporaciones policiacas? ¿quién nos da garantías de que trabajan para nosotros y no para el crimen organizado? Las respuestas a estas preguntas es lo que esperamos del fiscal y del secretario de Gobierno, no si se afecta o no la imagen del Estado o si las víctimas andaban en malos pasos.Criminalizar a las víctimas no solo es un asunto de violación de derechos humanos, de por sí grave, es, en el fondo, una forma de claudicación del Estado a sus obligaciones que no podemos permitir.
